Ali Brancal se tapa la cara al ser fotografiada tras su comparecencia. (Foto: ANTONIO PRADAS)CASTELLÓN. La vicealcaldesa de Castellón, Ali Brancal, investigada por presunta malversación al haber enviado supuestamente papeletas electorales de Compromís a través del correo municipal, ha mostrado una vez más que hoy por hoy no tiene intención de abandonar el cargo. Tal y como estaba previsto, ha comparecido este viernes ante la Comisión de Gobierno Abierto y Participación y ha defendido su continuidad con el mismo argumento que esgrime desde el principio: no está imputada, sino investigada, y por tanto, no hay motivo para renunciar. La edil ha intentado reforzar su tesis con un informe externo al Ayuntamiento encargado a una abogada. Y mientras, el grupo popular presiona a la alcaldesa Amparo Marco para que haga cumplir el Código de Buen Gobierno y ejecute el cese.
La sesión extraordinaria de la comisión empezó en torno a las 12.30 horas en una sala contigua al salón de plenos. Los miembros de los diferentes grupos municipales (2 del PSPV, 2 del PP, 1 de Compromís, 1 de Castelló en Moviment y 1 de Ciudadanos) iban entrando por la misma puerta y se esperaba que Brancal hiciera lo propio tras ser llamada a comparecer. Sin embargo, optó por tomar otro acceso a la sala eludiendo así a los periodistas, que solo pudieron verla a su salida, cuando finalmente apareció ante la prensa sin hacer declaraciones. La foto que acompaña a esta información fue tomada después de su comparecencia, minutos antes de salir.
Durante su intervención en la comisión entregó al resto de concejales hasta diez documentos distintos, que Compromís no quiso facilitar a los medios. Por un lado, presentó el auto de admisión de la querella interpuesta en su día por el portavoz adjunto del grupo popular, Juan José Pérez Macián, y tres citaciones judiciales en las que aparece solo como "querellada", no como investigada. Por otra parte, adjuntó un dictamen de la Junta Electoral de 2014 en el que se archiva la incidencia que el concejal del PP trasladó cuando detectó una remesa de correo enviada por Compromís en el que, sospechaba, podía haber propaganda electoral. Brancal también ha aportado artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el informe que elaboró el pasado octubre la secretaria del Pleno a petición del grupo popular.
Pero, sin duda, la piedra angular de su defensa en la comisión ha sido un informe jurídico encargado a una letrada externa al Ayuntamiento. Lo firma Águeda Esteve Máñez, una abogada que avala en su escrito la tesis de Brancal. El documento de cinco páginas concluye que el Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Castellón "se refiere exclusivamente a la calificación de 'imputado', nunca a la de 'investigado', y ambas expresiones ni son, ni pueden ser sinónimas, ni lo pueden ser por analogía". Además, señala que Brancal "en este momento procesal, es solo investigada, y contra ella no existe ninguna imputación formal" y, por último, afirma que las medidas establecidas en el código ético "son inaplicables a la situación procesal actual" de la vicealcaldesa.
Para llegar a estas conclusiones, la abogada se basa en la literalidad del Código de Buen Gobierno. El texto normativo contempla el cese de un concejal cuando está "imputado" por un supuesto delito de corrupción. En ningún caso aparece el término "investigado" porque, tal y como reconoce incluso la letrada, el código ético fue redactado con anterioridad a la reforma de la LECrim, en la que se sustituye la denominación de imputado por investigado. "La expresión, calificación jurídica o sustantivo de 'imputado' no existe legalmente en la legislación vigente", precisa el informe.
En este sentido, la abogada apela al Derecho Penal y al Derecho Civil para argumentar que no caben las analogías y los términos no pueden utilizarse como sinónimos. Considera, por tanto, que el código ético "tiene un vacío legal que lo hace inaplicable [...], en tanto no existiera una 'imputación formal' o se encausara a la persona investigada".
Cabe recordar, no obstante, que el término 'imputado' al que hacía referencia el código cuando se aprobó en abril de 2015 designaba a aquella persona a la que se le abría una investigación judicial a partir de una denuncia o querella, que es lo que a día de hoy supone estar investigado. Así lo recordaron recientemente a este diario expertos juristas del ámbito académico y de la magistratura, que aseguraban que la diferencia es más terminológica que práctica.
Ante el informe presentado por Brancal, han surgido voces críticas desde distintos grupos municipales que ponen en duda la imparcialidad de la letrada a la que ha recurrido Compromís para dirimir sobre la materia en cuestión. Afean que un documento que pretende servir de base a su argumentación, debería haberse encargado a referentes del ámbito de la judicatura.
Tras su comparecencia en la comisión plenaria, la vicealcaldesa rehusó hacer declaraciones a los medios. Sin embargo, Compromís envió un comunicado por la tarde para explicar los argumentos de la edil, quien desliza en la nota una crítica no solo al grupo popular, sino también a los medios de comunicación: "Por mucho que los concejales del Partido Popular y algunos medios se empeñen, los términos imputada e investigada ni son equivalentes, ni son sinónimos, ni son análogos, puesto que el Derecho Penal prohíbe expresamente la analogía y así lo avala el informe de la jurista que he aportado en la Comisión", asevera.
Por ello, considera que "mientras no se aborde una nueva redacción del Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento, hará falta que todos los partidos de la corporación acordemos en qué momento procesal debería un concejal dar un paso al lado y apartarse de sus responsabilidades". En este sentido, asegura tener "clarísimo que las meras acusaciones de alguien que interpone una querella no son suficientes para que un concejal deje sus responsabilidades porque esto dejaría a cualquier concejal de la corporación en una situación de indefensión jurídica". Por ello, considera que el listón de la dimisión debería fijarse en el momento del encausamiento (una fase procesal posterior a la investigación en la que ya se contemplan indicios de delito suficientes para sostener una acusación).
En su comunicado vuelve a poner en cuestión la validez de las cartas aportadas por Pérez Macián como prueba ante el juzgado, pues, según recuerda, estuvieron "en su poder durante cuatro años" antes de presentar la querella. Y remata con una advertencia: "No pensamos permitir, ni yo ni mi coalición, que los concejales de un partido que, incluso la Audiencia Nacional ha condenado por corrupto, esos que siempre han demostrado tener una moral más que distraída y que han jugado con la justicia para su propio beneficio en detrimento de la política y de las instituciones públicas me den ninguna lección de ética o de moral y me pongan a mí el listón por el cual se tiene que mover mi conciencia".
Las palabras de la vicealcaldesa evidencian que la crisis abierta en el seno de gobierno está aún lejos de cerrarse. La Comisión de Gobierno Abierto y Participación tendrá que abordar el próximo día 13, en sesión ordinaria, la aplicación del código ético en el caso de Brancal. Sin embargo, aún no está claro qué deberá contener exactamente la propuesta de dictamen que se elevará a la comisión y posteriormente a pleno.
Según ha explicado el presidente de la comisión, el edil de Compromís Ignasi Garcia, en la próxima sesión "los grupos políticos tendrán que decidir si ponemos el listón de la ética en las meras acusaciones o si, por el contrario, el código de buen gobierno está hecho para que cuando haya un juez o un fiscal que te acuse sea el momento de dar ese paso a un lado". Previsiblemente en la próxima sesión se tendría que abordar si es de aplicación el código y, por tanto, si Brancal debe renunciar o no a sus funciones.
Sin embargo, es posible que vuelva a haber discrepancias sobre el contenido del propio dictamen, pues para el grupo popular lo que debe elevarse a la comisión y someterse, por tanto, a votación, es el cese de la vicealcaldesa en virtud del Código de Buen Gobierno. Los populares aseguran que ya está demostrada la categoría de investigada de Brancal y, por tanto, con el texto actual en la mano debe renunciar. Por ello, a su juicio, el dictamen debería ajustarse a lo establecido en el Anexo 1 del código. Es decir, pedir al juzgado la máxima celeridad en la resolución del proceso y, por otra parte, instar a la alcaldesa al cese de la número dos del Ejecutivo local.
Así las cosas, el grupo popular piensa examinar con lupa la propuesta de dictamen que se elevará a la comisión de la próxima semana, como ya hizo en la sesión del pasado día 22, cuya propuesta fue rechazada por recomendación de la secretaria municipal para evitar que los concejales incurrieran en un delito de prevaricación (consistente en dictar una resolución a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley).
El concejal socialista Toni Lorenzo, miembro de la comisión, no ha querido avanzar la decisión que tomará su grupo. "Vamos a estudiar la documentación y a partir de ahí daremos las valoraciones pertinentes", ha señalado. Sobre la posibilidad de reformar el código, ha asegurado que se tendrá que adecuar cuando sea a los cambios normativos que han surgido desde su aprobación", pero no ha querido valorar la credibilidad de las explicaciones de la vicealcaldesa.
Con Brancal aferrada al cargo, la presión recae sobre la alcaldesa Amparo Marco, a quien el PP reclama que dé cumplimiento al código ético y proceda al cese inmediato. Algo que no está en los planes de la primera edil, pues tal y como ya aclaró esta semana, actuará una vez el pleno se haya pronunciado. De esta manera, mientras la vicealcaldesa no renuncie motu propio, la decisión final recae en las filas socialistas. Su voto será determinante si el equilibrio de fuerzas se mantiene como hasta ahora. En caso de someterse a votación la aplicación del código ético en la comisión, es probable que Castelló en Moviment se alinee con Compromís, mientras PP y Ciudadanos pedirán el cese. Así, el voto de los socialistas determinará el futuro de Brancal.
