CASTELLÓ. El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PP y Vox) tiene cada vez más claras sus prioridades respecto al Plan General (PG) heredado del anterior ejecutivo, el denominado Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EU). Además de introducir algunos cambios sustanciales en los sectores y las calificaciones (por ejemplo, para obtener más suelo industrial), el objetivo número uno estriba en modificar la estrategia urbanística encaminada a legalizar la Marjaleria.
El Partido Popular, que siempre se mostró en contra del modelo urbanístico del tripartito, considera que las dos herramientas contempladas en el PG para regularizar las viviendas no son las más adecuadas. Ni el Plan de Reforma Interior (PRI), en terreno urbano, ni el Plan Especial de Minimización de Impactos (Pemit), en suelo no urbanizable (antiguamente rústico), convencen a la alcaldesa, Begoña Carrasco, y al responsable del área de Urbanismo, Sergio Toledo.
La apuesta del PP pasa por ejecutar un Plan Especial, que ofrezca soluciones a la carta en función de la problemática de cada demarcación. Esto significa que casi todos los PRIs iniciados por el Fadrell en el pasado mandato se revisarán. Fuentes municipales señalan a este diario que solo se seguirá adelante con la urbanización de la partida Patos Gumbau al encontrarse muy avanzada. Las demás, que afectan a la Molinera, Camí Serradal o el Riu Sec, se paralizarán.
El Plan de Reforma Interior de Patos Gumbau comprende una extensión de 74.608 metros cuadrados entre las avenidas del Mar y Hermanos Bou. La amplia superficie engloba 87 parcelas con 77 construcciones en suelo urbano. Las principales actuaciones consisten en eliminar la barrera de la acequia para ordenar de forma conjunta los dos sectores, ensanchar las calles (aquellas que lo precisen) e implantar el saneamiento convencional conectado desde el Grau con la depuradora.
En la actualidad, el procedimiento administrativo está en la fase de la evaluación ambiental, que debe autorizar la comisión municipal. Una vez dé su visto bueno, con informes favorables de las direcciones de servicios Urbanos, Medio Ambiente y Movilidad, así como del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen), el Coto arrocero y el Sindicato de Riegos, el Ayuntamiento procederá a la licitación de la urbanización.
Los PRIs implican habilitar servicios básicos inexistentes, como alumbrado y alcantarillado público, mejorar el asfaltado de las calles y consolidar la red de drenaje. La implantación de dichos servicios básicos, a su vez, garantizan la cédula de habitabilidad y el certificado de primera ocupación para los propietarios. Ambos documentos acreditan la legitimidad de las edificaciones, permitiendo incluso realizar nuevas construcciones en el futuro.
La Marjaleria abarca una extensión de 14 kilómetros cuadrados y cuenta con alrededor de 5.000 edificaciones, de las que 2.363 son inmuebles de una sola o dos plantas, según la Declaración de Impacto Ambiental (DATE) de la Conselleria de Política Territorial. La inmensa mayoría de las casas, con independencia de su uso (primera o segunda residencia), se encuentran en el limbo legal.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.