Tic, tac, tic, tac...: Castelló ultima la normativa para 'apagar' las cámaras del centro antes de Navidad

CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló ultima la normativa para que las 24 videocámaras del centro dejen de sancionar. El objetivo del equipo de gobierno estriba en materializar el apagado virtual de las filmadoras antes de Navidad. En este sentido, se marca como fecha límite el 22 de diciembre.

Los técnicos municipales siguen trabajando contra reloj para elaborar el complejo reglamento, que no solo recoge la desconexión de los dispositivos, sino que además ofrece amparo jurídico para evitar que la medida convierta las calles del casco antiguo en una improvisada autopista de vehículos. Ambas cuestiones preocupan especialmente a la alcaldesa, Begoña Carrasco, ya que, en el encaje técnico y legal, resulta imperativo considerar la singularidad de la Zona de Bajas Emisiones.

Perdurabilidad y blindaje de la normativa

Otro aspecto a tener en cuenta corresponde a la vigencia de la disposición. Más allá de que proteja la decisión de eliminar el sistema de lectura de matrículas, la perdurabilidad debe garantizar el blindaje frente a contingencias derivadas de cambios de escenario en el futuro. 

Las 24 videocámaras del centro sancionan desde el 10 de enero de 2022, cuando el anterior equipo de gobierno (Acord de Fadrell) reactivó la operatividad de los dispositivos tras 9 meses de apagado por la polémica suscitada en 2021. Desde el periodo de prueba, el PP siempre se opuso a la puesta en marcha de filmadoras en sustitución de los bolardos retráctiles.

La ahora alcaldesa, por aquel entonces portavoz del principal partido de la oposición, denunció en reiteradas ocasiones los perjuicios económicos para los comerciantes, transportistas, autónomos y residentes. En unos casos, al haberse reducido el número de clientes por las reticencias y trabas a la hora de acudir al centro. En otros, debido a la imposición de multas bien al circular sin una autorización aprobada a tiempo, bien por hacerlo fuera del itinerario marcado.

Un cálculo inicial de al menos 9 millones de euros en multas

El Partido Popular recalcó que la medida tenía como finalidad un afán recaudatorio. Solo en la fase inicial del servicio, calculó que el consistorio había impuesto al menos 9 millones de euros en infracciones. En efecto, abanderó la batalla contra las videocámaras. Hasta el punto que la propia Carrasco, antes incluso de la precampaña, se comprometió a desconectar los aparatos si lograba desbancar a la coalición de izquierdas para ostentar la alcaldía.

Casi cinco meses después de las elecciones del 28M, la popular sigue adelante con su idea de que las cámaras dejen de sancionar. Fuentes municipales aseguran a este diario que en breve se esperan noticias aunque, al mismo tiempo, advierten que todavía existe cierto margen. Semanas atrás Carrasco señaló que se trabaja con una previsión de finales de otoño o principios de invierno, un cambio de estación que se produce en vísperas de la Navidad.