Foto: E. PARRA/EPCASTELLÓ (EFE). Casi el 16 % de los jueces y magistrados en España son sustitutos: no han accedido por oposición a la carrera y cada año se presentan como candidatos a suplentes en la comunidad autónoma o provincia de su elección a la espera de ser llamados en función de sus méritos, como los años de experiencia o el doctorado.
Una figura prevista como excepcional se ha convertido en imprescindible en determinadas áreas o territorios, apuntan a EFE fuentes jurídicas.
De acuerdo a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), son 1.008 -73,4 % de ellos son mujeres- y están detrás de buena parte de las sentencias de algunos órganos: el año pasado firmaron el 21,9 % de las de los juzgados de primera instancia e instrucción de lo civil y dictaron el 16,5 % de las resoluciones de los juzgados de violencia sobre la mujer de lo penal.
Por comunidades, la que más se sirve de esta figura es Cataluña (195), una región con menor tradición opositora que el resto, seguida de Andalucía (131) y la Comunitat Valenciana (102). Las que menos, La Rioja (6), Cantabria (7) y Navarra (19).
Este colectivo, movilizado en la Plataforma Judicatura Interina, denuncia ser el más precario del poder judicial porque tienen todas las incompatibilidades de los jueces titulares -no pueden trabajar de prácticamente ninguna otra cosa-, pero solo cobran y cotizan cuando les llaman para hacer una sustitución.
López, jueza sustituta en Castilla-La Mancha que ha preferido ocultar su nombre por temor a represalias laborales, dice nadar a menudo en la "incertidumbre" a la espera de que vuelvan a llamarla para cubrir una baja por enfermedad, una licencia por cuidado de los hijos o una comisión de servicio de un juez titular.
"Yo he impartido justicia y esos mismos derechos que yo he reconocido no se aplican conmigo. Es muy fuerte, te cambia el sentido de la justicia", ha lamentado en una entrevista con EFE. Tiene 50 años de edad, 26 de experiencia y apenas 16 cotizados.
Mercedes Bengochea, de 55 años, es jueza sustituta desde hace casi 30 años en Castellón, pero tiene 18 años cotizados, un hecho que le preocupa de cara a la pensión que vaya recibir cuando se jubile. En muchas ocasiones, ha ejercido apenas dos meses en un año y se le ha acabado la prestación de desempleo antes de que la vuelvan a llamar.
En el caso de los jueces sustitutos, las únicas funciones compatibles con el cargo son la docencia y la investigación. Bengochea hace tiempo que da clase en un máster universitario, pero asegura que la remuneración es prácticamente simbólica.
Fernando Méndez, de 58 años, fue funcionario de Justicia 21 años, pero ejerce como juez sustituto desde 2008 y, para sobrellevar la inestabilidad, se sirve de "tuppers económicos", como él los llama, que consiste en ahorrar la mitad de su sueldo cuando trabaja para poder disponer de ello cuando no le reclaman.
Su entorno a menudo les pregunta por qué siguen presentándose año tras año en estas condiciones. A Bengochea la pregunta le parece "capciosa": "Es trasladarme a mí la disfunción de este sistema en lugar de al responsable, que es uno de los tres poderes del Estado. ¿No es más lógico que se ponga el acento en el empleador?", reflexiona.
Para algunos, como Fernando Méndez, a pesar de todo, los números cuadran: "Aunque pierdo años de cotización, con mi sueldo de juez interino gano de media 400 euros mensuales más que si ejerciera de funcionario de Justicia", asegura este jurista, que dice ingresar, de media, 2.350 euros al mes. "Y porque me gusta mucho lo que hago, no te voy a mentir", añade enseguida.
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial consultadas por EFE destacan el incremento en el número de jueces y magistrados sustitutos en los últimos años (de 951 en 2015 a 1.008 en la actualidad) y consideran que las cifras evidencian un "déficit estructural" en la plantilla de la carrera judicial, cifrado actualmente en 309 plazas vacantes.
Tras analizar los datos del año pasado, este órgano mostró su "preocupación" ante esa tendencia y alertó de que "la justicia interina no es acorde a los principios contemplados en el artículo 117 de la Constitución", que establece que la Justicia se administra "por jueces y magistrados integrantes del poder judicial".
En 2003, el CGPJ aprobó una instrucción en la que señalaba "el carácter excepcional y subsidiario de la figura del magistrado suplente y juez sustituto", pero las cifras muestran "una indeseable cronificación de un régimen de excepcionalidad" debido, insisten, a la "insuficiente dotación de plazas judiciales".
El malestar de este colectivo motivó la creación, hace casi tres años, de la Plataforma Judicatura Interina, con unos 370 miembros. Entre sus reivindicaciones, está la retribución de las incompatibilidades, estar dados de alta por la seguridad social todo el año y sumar antigüedad por cada año de disponibilidad y no por lo efectivamente trabajado.
En opinión de la portavoz de la plataforma de afectados, Isabel Giménez García, Justicia "abusa" de la interinidad en lugar de llevar a cabo un proceso de estabilización: "Salimos muy baratos", explica esta jueza a EFE.
La plataforma ha mantenido cuatro reuniones con el Ministerio dirigido por Pilar Llop en las que han conseguido algunos avances, pero la cuestión económica se ha quedado en el tintero con la convocatoria de elecciones generales: "Después de dos años de trabajo encima de la mesa, ha sido una gran desilusión", lamenta Giménez.
Desde la plataforma aseguran haber recibido el respaldo de algunas asociaciones de la carrera, como Jueces y Juezas para la Democracia, pero lamentan cierto "desprecio" en el día a día por parte de sus compañeros titulares.
