CASTELLÓ (EFE). La Comunitat Valenciana, junto con Andalucía y Galicia, son las regiones a través de las cuales se produce la entrada de mayor cantidad de cocaína en España, según refleja la memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) relativa al 2022, hecha pública este jueves.
Por lo que respecta al cultivo de hachís, se advierte sobre el hecho de que las redes de narcotráfico están seleccionando "cada vez más provincias de interior", como Toledo, Ciudad Real, Burgos o Salamanca, para asentar sus plantaciones de cannabis, una droga de la que España se ha alzado como principal productor en la Unión Europea y que favorece la instalación en el país de organizaciones criminales extranjeras.
Las investigaciones por tráfico de drogas siguen creciendo en España y en 2022 se incrementaron un 4,07 % respecto al año anterior, con 21.740 procedimientos, según refleja la citada Memoria, que "llama la atención" del incremento de causas en provincias del interior.
Aunque el número de casos todavía es reducido, la Fiscalía destaca el aumento de procedimientos en lugares como Cuenca, Soria, Burgos, Salamanca o La Rioja, sobre todo por plantaciones y tráfico de hachís.
Porque, subraya, los narcotraficantes eligen cada vez más provincias de interior, como Toledo o Ciudad Real, para producir hachís, tanto en grandes extensiones en el exterior como en cultivos en el interior, y alerta de que la "omnipresencia de esta sustancia y sus derivados", disponible incluso "a través de máquinas expendedoras, sorprende y confunde a la sociedad".
Imagen de archivo.
La Fiscalía ha observado también cierto crecimiento en drogas sintéticas en provincias ligadas al turismo, como Baleares o Málaga, mientras que Galicia, Andalucía y la Comunitat Valenciana "siguen liderando la entrada de cocaína", más disponible "que nunca", según el último informe mundial de drogas.
Revisar las competencias de la Audiencia Nacional
En su memoria, el ministerio público plantea revisar las competencias de la Audiencia Nacional y fomentar su especialización, no solo en terrorismo, sino también en crimen organizado, nacional e internacional, incluido el relativo al narcotráfico.
Los delitos de terrorismo representaron casi un veinte por ciento de las diligencias incoadas en la Audiencia Nacional en 2022, entre los que predomina el de enaltecimiento, un tipo penal de "más fácil prueba y condena" en el caso del yihadismo, pero "de casi imposible condena" respecto a organizaciones como ETA o el GRAPO, dada su "disolución y desarticulación", y debido a las exigencias jurisprudenciales.
No obstante, el análisis de los efectos incautados a ETA ha seguido dando lugar a diligencias y en 2022 la Fiscalía abrió siete, de las cuales tres fueron judicializadas, algunas antes archivadas.
Por otra parte, en relación a los grupos que conforman "el entramado del independentismo radical vasco", la memoria destaca que son los juveniles los más activos, que reivindican la amnistía para todos los presos de ETA, aunque subraya su "reducida capacidad operativa y de movilización", al tiempo que, respecto al GRAPO, destaca su "extrema debilidad", limitando sus acciones "al campo del proselitismo y "la captación de nuevos militantes".
Informa también de una rebaja de las "acciones de sabotaje" (24 en 2022) del "movimiento violento independentista catalán" debido al "agotamiento de la militancia" y la "pérdida de la iniciativa por parte de estos grupos violentos".
Y, en el marco del terrorismo internacional islamista, la memoria recoge 36 detenidos en 17 operaciones y subraya la predominancia de "redes logísticas de apoyo -fundamentalmente Dáesh" en su financiación, captación y reclutamiento en entornos físicos y virtuales.
Suben las denuncias sin indicios ante anticorrupción
En materia de delitos de corrupción, la Fiscalía recibió en 2022 1.495 denuncias (204 más que el año anterior) y 1.295 escritos, si bien "la mayoría" incluían hechos "que no constituían delito" ni se sustentaban en "mínimos indicios de actividad criminal", de modo que se procedió a su archivo.
Anticorrupción constata asimismo un aumento de procedimiento penales en esta materia en 2022, año en el que, sin embargo, descendieron las diligencias de investigación.
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