El Fadrell se adentra en la negociación del último presupuesto del mandato con tensión acumulada

CASTELLÓ. El Acord de Fadrell encara la negociación del último presupuesto de la legislatura con tensión acumulada. Los tres socios (PSPV, Compromís y Podem-EUPV) se adentran en el debate político sin la fluidez de encuentros precedentes y con la erosión de temas pendientes, envueltos en polémica, que incluso amenazan con provocar una nueva crisis interna. Cuestiones como la retirada de la cruz y el callejero se vislumbran fundamentales para que al final los partidos del gobierno consensuen las cuentas municipales.

Aunque la voluntad pasa por evitar los errores de los dos primeros años y repetir la experiencia del último, en el que el acuerdo se alcanzó en tiempo y forma, la realidad es que existen varios condicionantes que ponen en entredicho la hoja de ruta marcada. Para empezar, hay un cambio sustancial respecto a la interlocutora que debe lidiar con los portavoces de la formación valencianista y la confluencia, Ignasi Garcia y Fernando Navarro, respectivamente. El perfil de Monica Barabás como concejala de Hacienda difiere ostensiblemente del carácter de su antecesor, David Donate, con quien los líderes de los grupos minoritarios se sentían muy cómodos a la hora de pactar. 

De hecho, en la primera reunión del Fadrell para hablar del presupuesto (el 26 de julio) se constató la falta de sintonía. La puesta en común evidenció un desequilibrio importante entre los gastos y los ingresos, por lo que desde el Partido Socialista se planteó la necesidad de aplicar un tijeretazo en todas las partidas. Sin embargo, se evitó la discusión sobre qué criterios deben primar en esa operación de cirugía contable, a pesar de que Compromís y Podem-EUPV lanzaron varias propuestas.

El planteamiento del PSPV

En este punto, y ante la disparidad de opiniones, el encaje de bolillos se aplazó para septiembre. El PSPV, como principal socio, tiene que exponer al resto cómo ha de afrontarse esa negociación en vista de que aspectos como la inflación y el incremento de las materias primas lastran muchos de los proyectos sin ejecutar.

Y es que actuaciones recogidas en el documento de gobernanza se han ido postergando desde 2019 para privilegiar otras, con lo que ahora aparecen las prisas en algunas concejalías. Esas urgencias pueden provocar tensiones entre las tres fuerzas políticas si, además, se cruzan polémicas como la cruz y el cambio del callejero.

Si bien socialistas, valencianistas y la confluencia coinciden en la necesidad de aplicar la ley de Memoria Democrática para eliminar los vestigios franquistas, se aprecian distintas cadencias en cuanto a las velocidades. Por ejemplo, con la retirada del monumento de Ribalta, resulta más que obvio el incumplimiento de la empresa y, a pesar de que algunas voces en el ejecutivo piden impulsar una nueva licitación, se mantiene el contrato con la adjudicataria, a la espera de su vencimiento el 13 de septiembre.

En cuanto a la nueva designación de seis calles, el PSPV sigue insistiendo en que se considere su propuesta frente a la planteada por Compromís, que ostenta la Concejalía de Cultura, y que cuenta con el aval de Podem-EUPV. Solo hay acuerdo con un par de nombres (padre Ricardo y Germà Colom). Los demás deben pactarse durante este mes, de manera que la controversia amaga con afectar la negociación del presupuesto municipal.