El megacontrato de 44 millones de las depuradoras de Diputación se atasca por la complejidad técnica

CASTELLÓ. El megacontrato de las depuradoras de la Diputación de Castellón, cuyo importe asciende a 44 millones de euros, se enquista por la complejidad técnica. Nueve meses después de haberse iniciado el concurso público, la adjudicación sigue sin concretarse pese a que la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), actual concesionaria, parte como la gran favorita tras la baremación del sobre con los criterios técnicos.

La empresa de Grupo Gimeno obtiene la mejor cualificación con 93,6 puntos. Las otras dos finalistas de la licitación se sitúan muy por detrás. La Unión Temporal de Empresas (UTE) Global Omnium-Ciclagua-Tetma suma 74,8 puntos, mientras que la Sociedad Anónima Agricultores de la Vega Valencia (Sav) acumula 60,8. La cuarta concurrente que inició el proceso, Depuración Aguas del Mediterráneo (Dam), ha quedado eliminada al no alcanzar la nota mínima de 60 puntos (47,6).

Valoración de las plicas económicas desde julio

Fuentes de la institución supramunicipal explican que la abundante documentación del expediente dificulta que desde la Mesa de Contratación se pueda formular una propuesta para su posterior aprobación. Los técnicos llevan desde el mes de julio valorando las plicas con los aspectos económicos.

Facsa plantea una rebaja del 10,2% sobre el presupuesto base, lo que significa que se compromete a realizar la prestación por un importe anual de 6.680.701,68 euros. Sav propone una reducción del 7,11% (6.910.387,86 euros/año). Por su parte, la UTE ofrece una bajada del 24,03% (5.650.448,25 euros/año) que, a juicio de los funcionarios, resulta "desproporcionada".

Un servicio hasta 2027 y 116 depuradoras

El megacontrato de las plantas de tratamiento de aguas residuales tiene una duración inicial de cuatro años. Sin embargo, contempla una prórroga de 12 meses, de manera que la asistencia está garantizada hasta 2027. El importe establecido por cada ejercicio natural se eleva hasta los 8,1 millones de euros (impuestos incluidos).

El servicio consiste en el mantenimiento y explotación de las 116 depuradoras propiedad de la Diputación. Los principales trabajos van desde las reposiciones normales, la manutención de todos los elementos de las plantas (y las parcelas), hasta los análisis y controles de las diferentes etapas del proceso de saneamiento. La asistencia incluye, además, la conservación de las 480 placas fotovoltaicas que la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) está instalando en 23 plantas hídricas con una inversión superior a los 645.000 euros.

Desde 1994, la Diputación saca a concurso de manera periódica el mantenimiento de sus depuradoras. El primer contrato, adjudicado entonces a Facsa, garantizó la cobertura de 41 centros de municipios de menos de 5.000 habitantes. Esa cantidad se duplicó en el año 2000 (82 infraestructuras) al impeler una segunda contratación. En el tercer expediente promovido por la entidad supramunicipal (2016), la cifra se disparó hasta las 104 plantas.