CASTELLÓ. El pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox en el Ayuntamiento de Castelló está cerrado. Tras varias semanas de tira y afloja, las negociaciones cristalizan ya tanto en lo que se refiere al documento programático como al reparto de sillones y salarios, según fuentes consultadas.
La entrada del partido de extrema derecha como socio en el ejecutivo local significa que de sus cuatro concejales, dos ostentan la condición de tenientes de alcalde. Se trata del portavoz, Antonio Ortolá, y de su adjunto, Alberto Vidal, con unas retribuciones brutas anuales de 61.843,61 euros.
Los otros dos ediles de la formación de extrema derecha, Arantxa Miralles y Luciano Ferrer, obtienen también competencias, aunque solo la primera lo hace con una dedicación exclusiva, siendo sus emolumentos de 59.843,61 euros. Otra importante novedad es que Vox suma tres asesores más como personal de confianza (todos de gobierno), elevando el número final a cuatro (el cuarto pertenece al grupo).
A raíz del pleno de organización de este lunes, en el que se aprobó el régimen retributivo, las conversaciones se aceleraron, de manera a media tarde el acuerdo se blindó. Un arreón que, por otro lado, Ortolá había vislumbrado en la sesión de la mañana tras expresar su máxima predisposición al equipo de gobierno para sellar la alianza.
El líder de la formación de ultraderecha, en la justificación para votar a favor del régimen retributivo y así facilitar al PP una mayoría absoluta (15 concejales), subrayó que "la ciudadanía ha optado por un bloque", en referencia a los resultados del pasado 28M. Ortolá hizo ver al ejecutivo los beneficios de incorporar como socio a una formación muy análoga programáticamente hablando. "La lógica, como ocurre en este pleno, es aunar fuerzas y así lo vamos a hacer. Vox resulta útil en esa posible entente entre los partidos políticos", subrayó.
Lo cierto es que, después del episodio de la investidura, las relaciones entre el PP y Vox han ido mejorando de forma notable en las postreras semanas. Tanto como para haber blindado la coalición de gobernanza. El pasado jueves, el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, admitió que "las cosas van avanzando razonadamente. Lo más destacado es la voluntad de acordar los programas. Luego, ya vendrá el resto", en alusión a la distribución de competencias en el obligado reajuste del organigrama por la marcha de Salomé Pradas y la inminente salida de Susana Fabregat.
El nuevo guiño este lunes de Vox, al votar a favor de los sueldos y ensalzar al ejecutivo local "por no aumentar el gasto público", evidencia lo que era un secreto a voces después de lo sucedido en las urnas: que Castelló tendrá un gobierno de derecha y extrema derecha. Ese gesto se suma al de hace menos de una semana, con ocasión de la sesión extraordinaria para tomar en consideración la renuncia de la citada Pradas.
En el improvisado debate, a petición de Compromís, la fuerza de ultraderecha salió en auxilio del equipo de gobierno. Una defensa que despejó cualquier duda sobre el interés de convenir tras reanudar las conversaciones el 21 de julio. "Tengo que manifestar que este pleno se ha convocado para dilucidar la consideración de urgencia y toma en consideración de la renuncia. No es el momento aquí para hacer una rueda de prensa", subrayó Ortolá para allanar la intervención del portavoz del PP, Sergio Toledo.
El espacio comercial más emblemático de Castelló sopla las velas de sus tres cuartos de siglo desde aquel 21 de diciembre de 1949 en que fue bendecido por el arcipreste Balaguer. Ahora afronta su más importante remodelación, que desde enero de 2026 obligará a un traslado temporal de sus puestos a una carpa en la plaza Santa Clara