CASTELLÓ. El Plan General de Castelló toma velocidad de crucero. El Acord de Fadrell ultima el documento final con el dictamen sobre las más de 460 alegaciones para aprobar la pieza Pormenorizada antes del 30 de abril, fecha en que expira la prórroga de las normas urbanísticas transitorias concedida por el Consell en febrero de 2021. De hecho, fuentes de la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas aseguran que no existe constancia de una nueva solicitud de moratoria por parte del Ayuntamiento, lo que invita a pensar que el equipo de gobierno cumplirá con su hoja de ruta.
El pasado 17 de diciembre de 2021, la Comisión Territorial de Urbanismo certificó la parte Estructural, el otro documento que integra el citado Plan General y que resulta esencial para desarrollar los distintos sectores de la ciudad. A partir de ese momento, comenzó la verdadera cuenta atrás, ya que la validación del Pormenorizado solo depende del consistorio, es decir, de la autorización de la corporación municipal a través de un pleno.
Con el propósito de ganar tiempo, el departamento de Urbanismo priorizó la resolución de esas más de 460 alegaciones una vez finalizado el verano. Su titular, José Luis López, se mostró convencido de que ese trabajo previo permitiría aprobar en tiempo y forma el Pormenorizado si la Conselleria ratificaba el Estructural antes de acabar el año, como así sucedió.
Aunque el Ayuntamiento ya está en disposición de desarrollar las grandes áreas del término municipal, lo cierto es que no puede dar licencias de actividad o edificación en aquellas zonas afectadas por los cambios normativos de usos o de calificación. De ahí lo imperativo de que los dos instrumentos urbanísticos cuentan con la refrendación correspondiente.
El Consell autorizó por primera vez las normas de urgencia en 2012. Lo hizo tras la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el PGOU diseñado por el Partido Popular en 2000. En febrero de 2015, la Generalitat renovó la vigencia de las preceptos transitorios hasta diciembre de 2018. Unos días antes de esta última data, la administración autonómica concedió otra prórroga. En esta ocasión, hasta el 1 de abril de 2021. En realidad, esa nueva moratoria se dilató hasta el 21 de junio por el estado de alarma a consecuencia de la covid-19.
El Acord de Fadrell, ante la imposibilidad de cumplir la tramitación del Plan General, solicitó el enésimo aplazamiento en febrero del pasado año, obteniendo 10 meses más de margen. Un intervalo temporal que ahora se considera suficiente después de finiquitar la pieza Estructural.
Con el nuevo marco jurídico y urbanístico, Castelló prevé desarrollar 2.159.334 metros cuadrados de suelo urbanizable industrial, 1.221.392 m2 de suelo urbanizable residencial y 328.199 m2 de suelo urbanizable terciario. Asimismo, incrementará ostensiblemente el suelo urbanizable protegido al alcanzar una superficie de 50.636.361 metros cuadrados.
El equipo de gobierno descarta recurrir y su portavoz, Vicent Sales, señala sobre el cambio que "el que lo hizo, lo hizo a conciencia". El Ayuntamiento está pagando para expropiar 80 euros/m2 por suelo urbano y 11 euros/m2 por el rústico.