CASTELLÓ. El Acord de Fadrell remata el último presupuesto de la legislatura. La desestimación de las alegaciones vecinales pone el colofón a la tramitación administrativa, aunque todavía queda como postrero paso para la entrada en vigor la publicación del acuerdo plenario en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
El pleno extraordinario de este viernes para tratar las demandas de la AAVV Rafalafena y la Federación de Asociaciones Ciudadanas, Consumidores y Usuarios de Castelló (Faccuc) se convirtió en un cuerpo a cuerpo entre el equipo de gobierno (PSPV, Compromís y Podem-EUPV) y el PP. Ciudadanos y Vox evitaron intervenir en el debate, asistiendo a la porfía como meros espectadores.
La concejala de Hacienda, la socialista Mónica Barabas, insinuó que las reclamaciones de los citados colectivos emanan del Partido Popular con el único propósito de ralentizar la activación de las cuentas municipales, aprobadas el pasado 29 de diciembre. "Las alegaciones coinciden con la precampaña del PP", en referencia al argumentario político. "La Zona de Bajas Emisiones, por ejemplo, es uno de sus temas estrella. Las otras propuestas se parecen bastante a su plan estratégico. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de bajada de impuestos o inseguridad?", se preguntó la regidora.
Para rebatir la tesis del Fadrell, la portavoz del PP, Begoña Carrasco, justificó esa "casualidad" en que "nosotros lo que hacemos es pisar la calle y escuchar a los vecinos. Claro que coinciden con las propuestas del Partido Popular. Ustedes llevan una gestión municipal opuesta a lo que los castellonenses les piden. Lo que proponen estas dos asociaciones es un baño de realidad. Basta de rodillo y ordeno y mando", aseveró.
En la réplica, Barabas reiteró que la desestimación de las alegaciones está basada en criterios técnicos y advirtió que las sugerencias planteadas por los colectivos forman parte de otro momento procesal respecto a la tramitación del proyecto económico. Además, recordó que algunas de las actuaciones cuestionadas deben ejecutarse por exigencias legales, como la supermanzana peatonal.
La AAVV Rafalafena proponía en su escrito dar marcha atrás al proyecto de la Zona de Bajas Emisiones por "producir un perjuicio irreparable para los comercios". Asimismo, argumentaba que no se había realizado "ningún proceso de participación ciudadana". Otra cuestión en la incidía es en las videocámaras del centro, denunciando que "la partida de ingresos por sanciones de tráfico se ha visto incrementada de manera desmesurada debido a la puesta en marcha del sistema de cámaras del centro", según figura en el expediente.
Por lo que respecta a las reivindicaciones de la Faccuc, planteaba en primer lugar una reducción fiscal por la covid-19 y la inflación, con la consiguiente revisión respecto a la previsión de ingresos por impuestos. En segundo lugar, hablaba de la supresión de "la realización de obras absurdas y su sustitución por otras más necesarias demandadas por los vecinos, como las que formaban parte de los presupuestos participativos". Por último, instaba a incrementar "la dotación en el área de la Seguridad Ciudadana y la creación del Consejo Municipal de Seguridad ante el aumento constante de los índices de delincuencia".