Gasindustrial afirma que las ayudas del Gobierno incumplen el Marco Temporal europeo

CASTELLÓ. La asociación Gasindustrial asegura que la industria española intensiva en gas "se juega su supervivencia. Urge evitar cierres y deslocalizaciones para lo que el Gobierno debe articular esta línea de ayudas de forma más efectiva y a menor plazo, para paliar los efectos nocivos de las subidas de precios del gas sufridos el último año", afirman. 

Para ello, la asociación ha presentado alegaciones a la Orden  que regula el RDL 20/2022 para que cumpla su objetivo y las ayudas lleguen a las industrias que precisan en tiempo y forma, "como en otros países de la UE" en los que los industriales gasintensivos, competidores directos de los españoles, "disfrutan desde 2022 de amplias ayudas directas".

Registro de consumidores y ampliar ayudas

El Gobierno discrimina al optar de nuevo por la clasificación CNAE para otorgar las ayudas, excluyendo a sectores que cumplen los índices objetivos para ser gasintensivos. GasINDUSTRIAL reclama que se incluya a aquellas industrias que, a pesar de no pertenecer a los CNAE, cumplan los requisitos gasintensivos de la orden (índice gasintensivo>1,5kWh/€ y Consumo >1,5GWh).

Para evitar la discriminación, se reclama crear un registro de consumidores gasintensivos que recoja datos objetivos para clasificar, agilizar y facilitar el trabajo de la Administración a la hora de identificar las actividades industriales más afectadas. Los datos INE no reflejan el impacto del aumento del precio del gas en la industria gasintensiva, un criterio que no se corresponde con la realidad económica.

Mecanismos alineados con la UE

Gasindustrial propone reconsiderar los requisitos de exclusión para sectores con aparente capacidad de repercutir el aumento de los costes energéticos en los precios de sus productos, pues estos no reflejan el sobrecoste real del precio del gas y no son conformes con el Marco Temporal europeo. El proyecto de Orden establece un límite artificial de beneficiarios potenciales, cuando el único requisito exigible es que el beneficiario de las ayudas acredite ser una ''empresa de elevado consumo energético''.

El resto de Estados miembros han desarrollado mecanismos más accesibles y mejor alineados con política UE, más ágiles y rápidos y por importe mucho mayor. Francia concedió la máxima ayuda en marzo 2022 con pagos trimestrales que amplió en 2023 y agilizó con pagos bimensuales; Italia aprobó ayudas en septiembre 2021 y concedió créditos fiscales en sucesivas convocatorias; Alemania, tras el milmillonario rescate de Uniper, para agilizar las ayudas las aplicó directamente en la factura con un importe muy elevado; y Portugal aplica ayudas en la factura por un importe mucho mayor al español. Todo ello supone que nuestros industriales están en clara desventaja competitiva y que la línea de ayudas, además de ser dificultosamente accesible y con requisitos discriminatorios, impone excesivas cargas formales y burocráticas para un importe es mucho menor que en el resto de Estados miembros.

Aligerar trámites y eliminar el requisito de inversión

La situación de nuestra industria gasintensiva española es insostenible por el incremento del precio del gas y por la merma de competitividad que supone la falta de ayudas respecto a otros Estados miembros que gozan de ellas desde hace más tiempo y con mayor flexibilidad y accesibilidad.

Resulta primordial reducir y agilizar los trámites administrativos para la solicitud de ayudas mediante la simplificación del procedimiento administrativo, habilitándose mecanismos mucho más ágiles como las liquidaciones mensuales en la factura del gas.

Singularmente, a los complejos trámites burocráticos, en España se añade la creación de una Comisión de evaluación que deberá emitir un informe de las solicitudes, lo que hará que el plazo para conceder la ayuda se alargue hasta el 31 de marzo de 2024. Así, mientras nuestros competidores europeos disfrutan de las ayudas desde marzo de 2022, la industria española las recibirá a finales del primer trimestre de 2024, lo que para muchas empresas gasintensivas de nuestro país será demasiado tarde.

Además, el proyecto impone a los beneficiarios de las ayudas obligaciones en materia de eficiencia energética e inversión de al menos el 50% de la ayuda recibida en proyectos para reducir emisiones directas de gases de efecto invernadero. La UE lo establece de manera voluntaria y no discriminatoria, por lo que su imposición perjudica la competitividad de los gasintensivos españoles al no preverse para todos los Estados miembros.

Riesgo de deslocalización

La línea de ayudas del Proyecto de Orden adopta criterios tan restrictivos en relación con lo previsto en el Marco Temporal que imposibilita su logro de conservar la competitividad del tejido productivo español. De mantenerse, esta regulación será de las más restrictivas de la UE, generando claro riesgo de deslocalización de buena parte del tejido industrial. Es preocupante, si tenemos en cuenta el atractivo para las empresas españolas del acceso a las ayudas a través de otro Estado miembro, lo que les permitiría mantener niveles aceptables de competitividad, opción dentro del mercado único y la unión de los mercados de capitales, y que podría conllevar la deslocalización de forma intensa y acelerada.