CASTELLÓ (EP). La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, se ha reunido este martes con el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco, para anunciar la entrada en vigor de la reforma que afecta a toda el área de discapacidad y que tiene por objetivo ofrecer autonomía a la ciudadanía. Para conseguir facilitar los procedimientos jurídicos se implementará el trabajo en la Unidad de Atención Social.
A la reunión también ha asistido la fiscal jefe provincial, María Díaz Berbel, y la juez encargada del área de discapacidad de Castellón, entre otras.
Esta reforma, según Bravo, ha supuesto "un cambio muy importante en la que la Administración ofrece recursos a disposición de los operadores jurídicos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. También ha añadido que ahora mismo "se está generando indefensión a cualquier persona porque no sabe muy bien cómo afrontar los procesos".
La consellera de Justicia ha declarado que se ha acordado elaborar una guía explicativa tanto de los procedimientos como de los recursos que la ciudadanía tendrá a su disposición para poder acceder a la Justicia.
Para activar estos recursos adquiere una importancia esencial la Unidad de Atención Social, de carácter provincial. A través de esta oficina se ofrecerán "todos los recursos necesarios", teniendo una "absoluta" conexión con la fiscalía y con los juzgados.
Se prevé que la semana que viene los trabajadores sociales ocupen plazas en esta Unidad. Entre los recursos estará el facilitador, que es "la persona que acompañará a cualquier ciudadano con discapacidad para que no tenga ningún tipo de barrera para saber qué está pasando", ha añadido Bravo. Otro instrumento será el proyecto de lectura fácil para que cualquier resolución oficial sea comprendida perfectamente por personas con discapacidad.
"Para garantizar a la ciudadanía el acceso a la justicia -según ha comentado Bravo- se contará con la colaboración de las universidades y operadores jurídicos".
Durante la reunión, se ha acordado poner en marcha, a través de la Federación de Municipios y Provincias, cursos de formación para los funcionarios y los responsables de los servicios sociales de los ayuntamientos para que tengan la formación necesaria y conozcan los procedimientos y los recursos.
