La presidenta. Marta Barrachina, entre Héctor Folgado (izquierda) y José María Andrés,CASTELLÓ. La Diputación de Castellón vuelve a sacar el contrato para la edición y producción de noticias audiovisuales. Lo hace con cambios significativos respecto a la licitación de 2020. Por un lado, casi cuadruplica el gasto al aumentar de manera ostensible la duración y el importe. Por otro, amplía las características técnicas de la asistencia, de acuerdo con las necesidades del gabinete de comunicación.
En el primer caso, el presupuesto total asciende a prácticamente 900.000 euros, con impuestos incluidos (en concreto, a 898.850, 61 euros) frente a los 240.000 euros de hace tres años. Aunque el pliego de prescripciones recoge un año de prestación, se contemplan sucesivas prórrogas (cuatro) hasta sumar un quinquenio, lo que implica una mejora en relación a las anteriores bases. Por cada ejercicio se prevé un desembolso de 179.770,12 euros, por encima de los 80.000 euros de 2020.
En cuanto al alcance del servicio, y como novedades, se incorpora un fotógrafo y la disponibilidad por parte de la empresa adjudicataria de un plató de televisión. El personal necesario para el trabajo ha de estar compuesto por un periodista, un operador de cámara, otro de multimedia y un camarógrafo. Los costes salariales ascienden a 112.905,12 euros por cada anualidad.
El contrato tiene como objetivo la realización de reportajes y producciones audiovisuales tanto para la web como para las redes sociales de la propia Diputación de Castellón. Algunas de las exigencias de la convocatoria oficial se repiten en relación a 2020. Otras difieren como mejoras. Por ejemplo, se exige que para participar en la licitación el set televiso de las concurrentes esté obligatoriamente ubicado en la provincia.
Asimismo, se da importancia a la distancia respecto a la plaza de las Aulas, donde está situada la institución supramunicipal, ya que se entiende imperativa para garantizar una adecuada respuesta a las necesidades urgentes que puedan suceder durante el periodo de vigencia del contrato. Las mercantiles interesadas tienen hasta el 28 de noviembre de plazo con vistas a presentar sus ofertas.
Hace tres años, el concurso público estuvo envuelto en cierta polémica. Entre las cuatro postulantes, destacó la presencia de Proyecto Polaris Comunicación SL, cuyo administrador único, Juan Antonio Villalba, compartía responsabilidad en uno de los entramados societarios de la familia Adell Bover, afín a su vez a Francis Puig -hermano del president Ximo Puig- y que por aquel entonces estaba bajo investigación judicial por presunto fraude en el reparto de subvenciones.
Aunque la empresa partía como favorita, Envidea Multimedia SL, con domicilio social en Almassora, se hizo finalmente con el contrato tras presentar una importante rebaja. Frente a los 80.000 euros del presupuesto de licitación, ofertó 63.198,3 euros (impuestos incluidos). Como ahora, asumió el servicio por un año. Sin embargo, a diferencia de la nueva prestación, solo tuvo posibilidad de acogerse a dos prórrogas, lo que explica que la Diputación deba impeler un nuevo concurso público a finales de 2023.
