CASTELLÓ. La nueva presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, sigue dando pinceladas sobre el funcionamiento de su equipo de gobierno y el nivel de exigencia para "recuperar el liderazgo de la provincia", como subraya en cada comparecencia pública. El reparto de las competencias este viernes pone en marcha la maquinaria institucional. La carga de delegaciones, en un organigrama piramidal, constata el deseo de la popular de profesionalizar la entidad supramunicipal.
Esa pretensión también se sustenta en la voluntad de Barrachina de elevar el tono reivindicativo ante otras administraciones. Qué la provincia tenga voz en Les Corts justifica que, por el momento, mantenga el escaño en el parlamento valenciano. Sin embargo, la presidenta apunta más alto. Su idea estriba en hacerse oír en Madrid. Los viajes a la capital de España van a ser constantes durante estos años en defensa de los intereses de Castellón, especialmente en aquellos temas más sensibles, como el azulejo o el rechazo a los macroproyectos fotovoltaicos.
La estrategia de la líder del PPCS de convertir la institución en el motor social y económico de la provincia conlleva un reajuste en las retribuciones de los diputados. Salvo un cambio de planes, Barrachina propondrá en el pleno del 14 de julio un aumento de las remuneraciones de los miembros del equipo de gobierno. Ese incremento, porcentualmente hablando, todavía está por definir pero los emolumentos definitivos se acercarían más a la tabla salarial de la Diputación de Alicante, presidida hasta hace pocas fechas por el futuro presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que al modelo de José Martí. Este último, en la anterior legislatura, mantuvo los honorarios heredados de Javier Moliner (PP) pero con mayor dedicación.
Según el listado de percepciones de presidentes y diputados provinciales del Ministerio de Hacienda, los cargos electos de la entidad castellonense se sitúan entre los que menos cobran de España. Tras la actualización aprobada por la corporación en noviembre, en aplicación de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, el sueldo de la presidenta asciende a 72.529,10 euros brutos anuales, muy lejos, por ejemplo, de los máximos responsables de las instituciones de Vizcaya (más de 111.249,36 euros), Barcelona (106.916,74 euros) Álava (100.487,93 euros) o Alicante (84.891,94 euros).
La diferencia igualmente resulta notable si se compara a los diputados castellonenses con los políticos de otras provincias. Después del reajuste del pasado año, establecimiento un aumento del 1,47%, el portavoz está en 54.789,70 euros (algo más), mientras que los integrantes del equipo de gobierno cuentan con una retribución de 49.863,52 euros. Esa cifra se queda en 40.797,40 euros en el caso de los líderes de la oposición. En las Diputaciones reseñadas, o en la administración de Almería, los salarios oscilan entre los 74.935,13 euros y los 97.169,64 euros (cantidad máxima).
En base a esas cifras que recoge el ministerio, y a tenor de la mayor profesionalización de la entidad que preside Barrachina, fuentes del Partido Popular señalan a este diario que resulta razonable que se revise el régimen retributivo de los diputados. Las mismas fuentes insisten en que aún no está tomada la decisión y que la propia presidenta lo abordará con su núcleo duro durante los próximos días.
Lo que sí parece más claro es que el PP mantendrá la cantidad de 27 asesores que tuvo el anterior ejecutivo del PSPV y Compromís. Se trata de la suma máxima permitida. El personal eventual viene regulado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. El artículo 104 bis, en su punto 2, señala que "el número de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en las Diputaciones provinciales será el mismo que el del tramo correspondiente a la corporación del municipio más poblado de su provincia",
En Castellón, la capital de la Plana es la localidad con mayor cifra de habitantes. De acuerdo con el mismo artículo, epígrafe f), "los Ayuntamientos de municipios con población superior a 75.000 y no superior a 500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de la Corporación local". En esta caso, dicha corporación está compuesta por 27 regidores.