Material cerámico tras pasar por un horno de gas.CASTELLÓ. Las once asociaciones empresariales representativas de la industria española que tienen en el gas su principal recurso energético han denunciado este jueves la incertidumbre que ha generado la propuesta para prorrogar los peajes tal y como estaban y el retraso en la circular que debería aprobarse este mes y que vuelve a consulta muy modificada con respecto a las previsiones iniciales.
Estos grupos empresariales advierten que, de momento, los peajes no bajarán en 2020 y para 2021-2026 se seguirá pagando una evidente sobrerretribución a las compañías gasísticas en concepto de transporte, tras modificarse la circular emitida por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). Según la memoria de la CNMC, se mantienen las sobrerretribuciones por activos ya amortizados por 586,4 millones de euros anuales, mientras que solo prevé una actualización gradual de 239 millones de euros al final del periodo regulatorio.
Según recuerdan estas once asociaciones empresariales a través de un comunicado, durante los últimos 20 años se han estado pagando sobrerretribuciones por conceptos sin contrapartida y activos ya amortizados, y se continuarán pagando en el nuevo periodo regulatorio y hasta más allá del 2026. Así, en diez años los peajes que paga la industria han crecido más del 60%.
Los industriales españoles, advierten, pagan por peajes del gas el doble que los franceses, el triple que los británicos y hasta seis veces lo que los alemanes. Se trata de unos peajes 45% por encima de la media europea que ahogan la competitividad de estas industrias frente a sus homólogas de Francia, Alemania o Italia. De la importancia de este asunto basta decir que la industria es la base del sistema gasista —el 62% del consumo nacional—, con una factura de 4.700 millones de euros. El gas, a su vez, es determinante en los costes industriales y en la competitividad de cientos de industrias que mantienen cientos de miles de empleos en España, como así ponen de manifiesto las asociaciones afectadas por esta regulación.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido la propuesta de orden que establece la retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo básico y los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para 2020, en la que el MITECO prorroga los peajes actuales que estarán vigentes hasta que la CNMC, publique los nuevos valores en aplicación de la nueva metodología.
La situación de transición de competencias a la espera de la aprobación de varias circulares, unas aún sin pasar por el pleno de la CNMC y otra de vuelta a consulta pública, hacen que la industria viva estos retrasos con seria preocupación e incertidumbre, ya que de dichas medidas depende su competitividad.
Con una demanda de 348 TWh, 2018 registró un superávit de 30 millones de euros; mientras que la demanda prevista para 2019 y 2020 será de 390TWh, por lo que según el propio MITECO el saldo será de mayor superávit.
Las asociaciones empresariales afectadas señalan que, en un escenario de contracción del crecimiento con crecientes síntomas de claro debilitamiento, la industria sigue a la espera de una circular de peajes que le devuelva su competitividad y alinee los costes regulados del gas con los del resto de países europeos con los que compite.
De momento, los peajes no bajan, tal como advierten las once patronales y, entre 2021 y 2026 se continuará pagando una sobrrretribución en transporte tras la modificación de la correspondiente circular y la laminación de la retribución por continuidad de suministro. Y, en cuanto a la circular de distribución, que ha vuelto a salir a consulta pública, de 2021 a 2016 mantiene las sobrrretribuciones por activos ya amortizados, cifrando estos la CNMC en 586,4 millones de euros anuales, de los que solo se actualizan gradualmente 239 millones de euros al final del periodo regulatorio.
En su memoria, la CNMC venía a exponer que “las empresas distribuidoras están percibiendo de manera global una sobrrretribución anual de 586,4 millones de euros, importe que se corresponde con la retribución por inversión de activos que se encuentran amortizados, y ello con independencia de la retribución que corresponde a los activos puestos en servicio con posterioridad a febrero del año 2002, activos cuya decisión de inversión siempre fue responsabilidad del distribuidor.”
Por otro lado, en el resumen de las alegaciones presentadas, la CNMC citaba el informe del MITECO, diciendo que el Ministerio señalaba, asimismo, que la memoria de la circular “identifica una sobrerretribución causada por la aplicación reiterada sobre la retribución inicial desde el año 2002 al 2013 de la fórmula de actualización automática incluida en la Orden ECO/301/2002”. Y además, consideraba que “la sobrerretribución de las actividades reguladas supone trasladar ineficiencias a los precios de venta del gas natural que pagan los consumidores, distorsiona la competencia de esta fuente de energía frente a otros combustibles más contaminantes, dificulta el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones y limita la competitividad de las empresas españolas”.
De este modo, se constata que durante los últimos 20 años se han estado pagando sobreretribuciones por conceptos sin contrapartida y activos ya amortizados, se continuarán pagando en el nuevo periodo regulatorio y hasta más allá del 2026. Esta situación incumple los principios de metodología de la Ley 18/2014 Artículos 59 y, sobre todo, 60. E incumple la Ley 34/1998 texto refundido 2015, en su artículo 92, saltándose el principio de eficiencia y otros de igual relevancia, blindando la cuantía de la retribución de las distribuidoras después de 2026 y sine die.
El borrador de la circular de peajes pasó por ACER y volvió con un informe y la recomendación del regulador europeo en el que instaba a la CNMC a publicar claramente la comparativa con las tarifas vigentes. En los últimos diez años, los peajes que paga la industria se han incrementado más de un 60%, dañando severamente su competitividad.
La industria esperaba ahora que la nueva metodología de peajes fuera un instrumento eficaz para adaptar el modelo vigente al objetivo de reconducir los evidentes desequilibrios observados y constatados por la CNMC, haciendo que bajen los peajes. Estas asociaciones empresariales se preguntan ¿pará que una nueva regulación donde todo queda prácticamente igual que estaba? Según entienden, los retrasos y vueltas atrás y el anuncio de la prolongación de unos peajes que son los más caros de todos los países con los que se compite industrialmente suponen sin duda un incremento en la preocupación e incertidumbre que se vive en estos sectores vitales para la economía nacional.
Las empresas afectadas indican que la competitividad del gas español ha ido empeorando progresivamente para los consumidores industriales, que soportan precios entre un 20% y un 25% superiores que sus competidores europeos. En costes regulados, los peajes están en España un 45% por encima de los de la media europea: los industriales españoles pagan el doble que los franceses, el triple que los británicos y, en algunos casos, hasta seis veces lo que los alemanes. Sectores como el papelero, siderúrgico, cerámico, cogeneración, químico, vidrio, refino, textil y otros cuyas actividades productivas son intensivas en gas, ven lastrada su competitividad por este sangrante diferencial en los peajes que incide directamente en su rentabilidad y reclaman la pronta resolución del problema ahora que se está diseñando el nuevo marco normativo.
Para estas industrias el gas es estratégico, tal como se subraya en el comunicado emitido por estas once asociaciones, ya que supone hasta el 60% de su coste energético de producción determinando su competitividad, más siendo sectores exportadores. Los peajes -advierten- condicionan el coste final del gas, un coste estratégico que frena el desarrollo industrial y una desventaja competitiva para cientos de industriales españoles y para la actividad económica del país en su conjunto, según sentencian.
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