CASTELLÓ. El sector de la obra pública no lo tiene fácil en la provincia. Las comarcas castellonenses vieron cómo el año pasado la licitación de actividades constructivas por parte de la Administración caía en un tercio respecto a 2018. En concreto, los poco más de 120 millones que salieron a concurso suponen un 32% menos que en el ejercicio precedente (178,7 millones), según las cifras recogidas por la patronal de la construcción Seopan.
Y, como es habitual, las comparaciones son odiosas para la provincia. Y es que ni en la Comunitat ni en el conjunto del Estado el descenso es comparable. De hecho, en el territorio valenciano el importe de la licitación bajó un exiguo 1,5% (alcanzó los 1.355 millones de euros), mientras en España la comparativa es aún más sangrante: sumó prácticamente 2.000 millones de euros, hasta superar los 18.545. El incremento fue de casi el 12%.
Es decir, la máxima, casi futbolera (por aquello de los tópicos), de que en año electoral se dispara el gasto en obra pública solo tiene razón de ser para algunas zonas.
La culpa de la caída de la licitación en el territorio castellonense se la reparten las tres patas de la Administración pública. Y es que tanto el Gobierno central como la Generalitat y las entidades locales (ayuntamientos y Diputación provincial) redujeron sus concursos.
Quien lo hizo en mayor medida fue el Ejecutivo estatal, que redujo a menos de la mitad su importe de 2018, que se quedó el año pasado en 32,5 millones de euros (-55%). Pero también la Generalitat Valenciana, con 25 millones (-30%); y las administraciones locales castellonenses (-9%) disminuyeron sus importes. Eso sí, los ayuntamientos y la Diputación fueron los mayores inversores en las comarcas castellonenses, con 62,3 millones de euros, más de la mitad del montante total.
Esto coincide con lo sucedido en la Comunitat, pero difiere respecto al global del Estado, donde las tres patas se repartieron los importes inversores a partes iguales. De hecho, el Gobierno sumó prácticamente mil millones de euros en el conjunto del Estado, mientras en la Comunitat, como en Castellón, redujo su aportación.
De ahí las quejas que el sector de la obra pública repite año tras año. En este sentido, el último informe de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, hecho público a finales de enero y referente a la inversión en el litoral (tan en boga ahora tras el paso de la borrasca Gloria), señala que la aportación estatal para la Sostenibilidad de la costas y el mar desde 2016 a 2019 es de 1.303 euros por cada kilómetro de litoral español, mientras en la Comunitat se reduce a 880. Y ello "sin considerar que muchas costas rocosas y acantilados", con presencia mayoritaria "en comunidades como Galicia o las Islas Canarias, necesitan menos inversión en ingeniería litoral", recoge el documento.
