CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló sigue deshojando la margarita acerca del nuevo proyecto para retener los fondos europeos destinados a la reforma de la Pérgola, cuya cifra alcanza los 1,2 millones de euros. Cada vez resulta más evidente la imposibilidad de seguir adelante con la rehabilitación del edificio de Ribalta. Las distintas causas abiertas ponen en riesgo la finalización de la obra civil antes del 31 de diciembre de 2023, fecha máxima para culminar la actuación de acuerdo con la convocatoria de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi).
Por un lado, Amigos del Ribalta continúa esperando noticias del juzgado de lo Contencioso-administrativo tras solicitar la paralización de la ejecución con medidas cautelarísimas. En su recurso, la asociación argumenta que en la rehabilitación no se contempla la realización de exploraciones arqueológicas, como así obliga la ley al tratarse el parque un Bien de Interés Cultural (BIC). De hecho, en el proyecto para la retirada de la Cruz de los Caídos, en el mismo espacio ajardinado, sí que se incluyen las catas.
Además, el colectivo está decidido a llevar la disputa ante Bruselas si al final el juez rechaza su petición. En efecto, el conflicto se puede alargar todavía más en el tiempo, siempre en contra de los intereses del Ayuntamiento.
Por otro lado, el propio consistorio tiene en marcha (al menos así lo anunció el mes pasado) un litigio contra la Conselleria de Cultura. La decisión de la dirección general de Patrimonio de desestimar el requerimiento municipal, por el que la alcaldesa, Amparo Marco, pedía la revocación del acuerdo que desautoriza el proyecto, implica abrir la vía judicial, con lo que ello entraña. Por ejemplo, elevar el proceso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Valga como precedente lo sucedido precisamente con la mentada cruz de Ribalta. El Ayuntamiento se vio abocado en esta legislatura a iniciar un segundo expediente de ejecución tras prolongarse más de un año la resolución del primero en el anterior mandato. El hecho de dirimirse la denuncia de Abogados Cristianos en el máximo órgano del poder judicial autonómico trastocó por completo la hoja de ruta del equipo de gobierno.
Con la Pérgola, se complica más el asunto al ser de obligado cumplimiento los plazos que determina la convocatoria Edusi. Ahora mismo, quedan algo más de 16 meses para esa fecha del 31 de diciembre de 2023. Según el proyecto, la ejecución de la reforma tiene una duración de 9 meses., con lo que todavía existe un pequeño margen. Sin embargo, difícilmente los recursos ante el Contencioso-administrativo se solucionarán en el inicio del nuevo curso político. Tampoco hay que olvidar que, dependiendo de los fallos, alguna de las partes, presumiblemente, recurrirá a estamentos superiores.
Por si no fuera suficiente enredo, hay que destacar esa negativa de Cultura a dar la autorización con vistas a efectuar la rehabilitación del inmueble. Sin el permiso, la adjudicataria, Becsa, legalmente no puede comenzar los trabajos, de manera que solo le queda esperar. Al menos, hasta que resulte irrealizable la actuación antes de 2024. En este caso, previsiblemente solicitará una indemnización por incumplimiento de contrato (unos 125.000 euros), cantidad que el consistorio pretende reclamar a la Conselleria, más los 1,2 millones de euros de los Edusi, en el Contencioso-administrativo.