Bloque de viviendas en la Vall d'Uixó.VALÈNCIA. La crisis provocada por el coronavirus ha agudizado la situación de vulnerabilidad de muchas familias. En este contexto, el acceso a la vivienda se complica, todavía más, para muchos colectivos. El alquiler se ha convertido en la única posibilidad para muchos ciudadanos, ante la imposibilidad de comprar una vivienda. Pero, además de los efectos indirectos de la pandemia, los precios y la escasa oferta en algunos puntos de la geografía valenciana han provocado un mercado tensionado en áreas concretas de la autonomía.
Lo cierto es que la Administración valenciana cuenta con un parque público de 12.514 viviendas, una oferta insuficiente para satisfacer toda la demanda. De hecho, se han identificado un total de 248 municipios de la Comunitat Valenciana con necesidades de vivienda pública de forma "urgente", según el Informe sobre Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA), elaborado por el Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana, en coordinación con la Dirección General de Vivienda, la Dirección General de Emergencia Habitacional y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE).
El documento señala las Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA) en función de la demanda y la oferta de inmuebles públicos en cada uno de los municipios de la Comunitat Valenciana en los que hay disponibilidad de vivienda y/o demandantes. Este índice ordena las localidades de mayor a menor necesidades habitacionales y, por lo tanto, determina en qué municipios es prioritario implementar medidas que contribuyan a garantizar el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada.
Además, también se tienen en cuenta ciertas particularidades a la hora de valorar las áreas en cuestiones como precios del alquiler 'tensionado', vulnerabilidad sísmica, o peligrosidad por inundación. En concreto, en Valencia, las mayores urgencias se han detectado en Sollana, Gandia y Vilamarxant. No obstante, por delante se sitúan las localidades alicantinas de Pilar de la Horadada, Aspe y Monóver.
Para la clasificación de estas zonas, se han definido tres niveles (alto, medio y bajo), en función del grado de desajuste entre la demanda y la oferta de vivienda y la incidencia de los indicadores en cada uno de los municipios. En total, de esos 248 municipios, 83 presentan un alto nivel de necesidad, de los que 27 están en la provincia de Alicante, 8 en la de Castellón y 48 en la de Valencia.
Otras 83 localidades -20 en Alicante, 13 en Castellón y 50 en Valencia- tienen un nivel medio, mientras que los 82 municipios restantes tienen incidencia baja -29 son de Alicante, 10 de Castellón y 43 de Valencia-.
En concreto, Sollana, Gandia y Vilamarxant son las áreas que mayores necesidades de vivienda precisan en la provincia de Valencia, con una alta demanda, pero insuficiente oferta pública. Así, Gandia cuenta con 36 viviendas públicas frente a una demanda de 1.173 solicitudes, una cifra que evidencia la necesidad habitacional de esta zona costera. Además, en este caso, el municipio presenta un mercado del alquiler tensionado, con importantes fluctuaciones al alza en los precios, de acuerdo con el documento.
Por su parte, Vilamarxant tiene 4 inmuebles y una demanda de 136 peticiones, mientras que Sollana cuenta con dos viviendas públicas, con 77 demandantes.
Asimismo, en la plaza alicantina, Aspe, Pilar de la Horadada y Monóvar se encuentran en una situación similar de déficit de inmuebles de titularidad pública. Y es que en este primer caso, los demandantes ascienden a 426, para únicamente 5 viviendas públicas, mientras que en los otros dos casos hay un parque público de 15 inmuebles para 418 y 233 solicitudes, respectivamente.
En el caso de la provincia de Castellón, las urgencias se sitúan en la Vall d'Uixò (4 viviendas y 438 solicitudes), Burriana (11 viviendas para 425 demandantes), y Benicarló (5 viviendas y 67 peticiones)
Pero no son los únicos. La lista es larga. También Alicante ciudad, Paterna, Manises, Alzira, Dénia, Alcoi o Alcúdia de Crespins se sitúan entre las zonas con mayores urgencias. Especialmente llamativo es también el caso de la capital alicantina, con 69 inmuebles de titularidad pública para una demanda de 5.105 solicitudes. También es el caso de la localidad paternera, que tiene casi 900 peticiones de vivienda y solo 17 inmuebles.
Con un nivel medio se encuentran localidades como Utiel, Alboraia, Albalat de la Ribera, Oliva o Canals, en Valencia; Mutxamel, Castalla, Benidorm y Biar, en Alicante, mientras que en Castellón se encuentran l'Alcora, Almassora o Montanejos.
Ya en la parte baja de la tabla, pero aún así con necesidades importantes están Godella, Puçol o Alcàsser (Valencia); Guardamar del Segura, Muro de Alcoy o Beniarbeig (Alicante) y Cabanes, Almenara y Onda (Castellón), entre otros.
Pero, además, este informe servirá como marco para la elaboración del Catálogo de las Áreas de Necesidad de Vivienda, texto que servirá como hoja de ruta para que la Administración pueda ejercer los derechos de tanteo y retracto, ya que este documento fijará las zonas en las que la Administración valenciana no dispone de medios suficientes para satisfacer la necesidad de vivienda.
Según establecía el decreto ley aprobado por la Conselleria de Vivienda, solo aquellas zonas con necesidad habitacional serán susceptibles de que la Generalitat utilice los derechos de adquisición preferente. Puntos 'tensionados' que ahora han sido detectados por Vivienda, con el objetivo no solo de localizar los puntos donde urge con mayor celeridad ampliar el parque público, sino para conocer la realidad habitacional en la Comunitat y diseñar las políticas futuras.
Y es que estas zonas ya definidas concentran a más del 80% de la población, lo que evidencia la urgencia de ampliar el parque público valenciano, principal objetivo del departamento que dirige Rubén Martínez Dalmau.
"Son datos estremecedores, pero que al mismo tiempo constituyen una razón más para continuar trabajando en la dirección que nos marcamos con la presentación del Plan Hábitat 20-30", subrayó el conseller durante la presentación del informe. A su juicio, en materia de vivienda "no sirven las recetas milagrosas", sino que además de fortalecer el sistema de ayudas al alquiler, "hay que ampliar el parque público".
"Tenemos la obligación de echar a la papelera de la historia las privatizaciones hechas en el parque público de vivienda por los gobiernos que han precedido al Botànic, y la consecuente privación del derecho a la vivienda de los valencianos. Debemos desvincular el factor económico para dejar paso al factor social. Si no lo hacemos ahora, la balanza seguirá desequilibrándose en detrimento de las personas más vulnerables", reivindicó Dalmau.
