CASTELLÓ. La Diputación de Castellón se suma por primera vez en la historia al Fondo de Cooperación Municipal para la Lucha contra la Despoblación, aportando la misma cantidad que la Generalitat: 1.503.605 euros. De esta forma, se transferirá a 85 pueblos de la provincia en riesgo de despoblación un total de 3.007.210 euros.
Será a todos los pueblos de hasta 300 habitantes y a aquellos que con una población superior cumplan con los criterios objetivos marcados por la Generalitat Valenciana para contar con esta consideración oficial, según ha informado la institución provincial en un comunicado.
Según ha remarcado el portavoz socialista, Santi Pérez, "se trata de un fondo que ya existía antes, al que hoy por primera vez se suma la Diputación de Castellón", y ha recordado que "los anteriores equipos de gobierno provinciales aportaron cero euros".
El fondo contra la despoblación tiene carácter no finalista y profundiza en la apuesta por la "plena autonomía de los municipios", que podrán destinar estos recursos a lo que crean que resulta más necesario en sus respectivos pueblos. Con la suma de las aportaciones de la Diputación y la Generalitat, cada municipio recibirá un mínimo de 10.000 euros, cantidad que se verá mejorada en función del número de habitantes con el que cuente.
Sobre este fondo también se ha pronunciado el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, quien ha puesto de manifiesto que "supone una muestra más de la colaboración del nuevo gobierno de la Diputación con la Generalitat Valenciana", que contribuye a dar liquidez a los municipios "que más lo necesitan".
Del mismo modo, ha puesto de manifiesto que desde Compromís advierten que el actual reglamento de la Conselleria necesita ajustarse, "pues municipios que evidentemente están en riesgo de despoblación, al encontrarse en comarcas que tienen alta población, no entran dentro de estas ayudas, y otros también tienen riesgo de despoblación, pero con un término municipal muy pequeño, por una cuestión de densidad de población quedan al margen".
En materia de lucha contra la despoblación, en el pleno se ha aprobado la adhesión de la Diputación de Castellón a Esmontañas. Se trata de una asociación compuesta por ayuntamientos y diputaciones, que nace como entidad de representación y acción de los territorios de montaña que tienen problemas de despoblación, desarraigo, falta de oportunidades y aislamiento. Su objetivo es la aportación de soluciones que ayudan a desarrollar la economía y los servicios en las zonas de montaña. En la actualidad, forman parte de este colectivo 28 provincias, 274 municipios y 5 diputaciones.
Al inicio del pleno, el presidente de la Diputación, José Martí, ha anunciado la intención del equipo de gobierno que encabeza de reunirse con los servicios técnicos de la institución "a fin de articular algún tipo de acción solidaria que beneficie a las vecinas y vecinos de la isla de La Palma, que están sufriendo en primera persona la crisis ocasionada por la erupción volcánica". En nombre de la institución ha mostrado la solidaridad de la provincia de Castellón con todas las personas afectadas.
En el transcurso de la sesión plenaria también se ha hablado de fiscalidad. En este sentido, el diputado de Hacienda, Santiago Agustí, ha informado de que su departamento está manteniendo conversaciones con la patronal cerámica ASCER de cara a una posible rebaja del Impuesto de Actividades Económica (IAE) que pagan las empresas a la Diputación.
Ha explicado que desde el equipo de gobierno se trasladará una propuesta a esta asociación empresarial, "que estará en función de las disponibilidad presupuestaria con la que cuente la institución provincial de cara a la elaboración de los presupuestos de 2022, una disponibilidad que se conocerá en breve". Ante las dudas suscitadas en algunas intervenciones, el diputado ha aclarado que "como no podría ser de otra manera, la posible rebaja afectará al conjunto de las empresas de la provincia que tienen que satisfacer este impuesto".
En el capítulo de ruegos y preguntas, el presidente Martí ha salido al paso de las manifestaciones realizadas por el diputados Salvador Aguilella (PP) y Cristina Fernández (Ciudadanos), en las que se quejaban de que el equipo de gobierno supuestamente habría impedido que se llevaran al pleno distintas declaraciones institucionales, argumentando que "no ha sido un problema de contenidos, sino de formas". Ha explicado que llegaron a la Junta de Portavoces una vez cumplido el plazo legal, circunstancia que ha impedido seguir el trámite habitual para que los portavoces reciban los textos con tiempo suficiente de debatir y consensuar con el resto de grupos. En este sentido, ha señalado que "en el equipo de gobierno teníamos interés en sacar adelante una declaración institucional sobre una temática que había surgido a última hora y, por idéntico motivo, la hemos dejado fuera, aparcada para el próximo pleno".
El presidente ha finalizado diciendo que "no existe ningún impedimento para que los grupos lleven sus propuestas al próximo pleno del mes de octubre y salgan adelante si todos nos encontramos cómodos con las mismas".
