El concejal de Familia, Alberto Vidal (Vox), durante su intervención para hablar sobre Unicef.CASTELLÓ. A medida que avanza la legislatura, los partidos se van soltando cada vez más en los plenos del Ayuntamiento de Castelló. Una vez superada la fase inicial de tanteo y adaptación a los nuevos roles, con el PP y Vox en el gobierno y el PSPV y Compromís en la oposición, los cuatro grupos municipales muestran sin tapujos sus idearios. Eso conlleva una mayor retórica en la puesta en escena, como ocurrió en el pleno de este jueves, el ordinario de septiembre.
Temas con tanto tinte ideológico como la cultura, la memoria democrática y la educación agitaron una sesión en la que Compromís sacó adelante sus tres iniciativas. Una, moción sobre les Normes de Castelló, gracias al apoyo del Partido Popular (incorporó su enmienda) y del PSPV. Otra, acerca de los nichos para albergar los restos exhumados de la fosa común, fruto del consenso con la totalidad de la corporación. La última, convertida en declaración institucional, para exigir a la Generalitat la construcción del nuevo Hospital General y que se aprobó por unanimidad.
A pesar de los acuerdos alcanzados, la bronca entre unos y otros caracterizaron las intervenciones. En ese fuego cruzado, el partido de extrema derecha se encontró cómodo con el concejal de Familia, Alberto Vidal, como protagonista. El edil de Vox hizo una declaración de intenciones respecto en la justificación para aprobar el punto sobre la solicitud a Unicef de la renovación del Sello de Reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia. En representación del equipo de gobierno, señaló que "como saben por parte de la concejalía y del partido que represento, estamos en contra de organismos internacionales que imponen ideología y están ligados a la Agenda 2030, como Unicef pero, viendo el trabajo que está realizando los técnicos de aquí, hemos decidido prorrogarlo, no sin una supervisión para que no se adoctrine a ninguno de los niños", señaló.
La alocución, en contraste con el tono de la oposición, sirvió de aperitivo para lo que vendría después. La formación de ultraderecha se quedó sola en el debate sobre el valenciano. Tanto el PP como el PSPV y Compromís votaron a favor de la propuesta para considerar les Normes de Castelló como base fundamental para la normalización del valenciano. Vidal comparó a Compromís con los "nazis por querer anexionar la Comunitat Valenciana y Cataluña, como hicieron los nacional socialistas alemanes con Austria en su día. Estamos hartos de sus imposiciones. Se les ha acabado la fiesta que tenían en marcha con sus socios separatistas".
Frente a este discurso, el resto partidos prefirieron focalizarse en la importancia de les normes y en la necesidad de no politizar el valenciano. "Instamos a las autoridades públicas valencianas a sacar la lengua del debate político partidista", manifestó el popular Vicent Sales desde el atril. "Desde el PP reivindicamos ese espíritu de consenso, reconocemos a la AVL como la máxima autoridad normativa del valenciano y la animamos a profundizar en un modelo de lengua cohesionador, que la gente pueda sentir como próximo", agregó.
En la misma línea, Pau Sancho (Compromís) destacó que "el idioma es un tesoro único" y destacó el recorrido de les Normes de Castelló hasta convertirse en Bien de Interés Cultural y ser patrimonio de Castelló. En este punto, lamento que el partido de extrema derecha "se hace servir de la lengua para generar conflictos inexistentes. Vox tiene un problema con los que hablan lengua que no sean únicamente el castellano".
En la explicación de voto, el concejal socialista José Segura recalcó que "no se puede entender que, en el año 2023, haya personas y entidades que duden de que en nuestra Comunitat tenemos una lengua propia que hay que proteger, defender y utilizar”. En este sentido, señaló que "les Normes del 32 son y han sido fundamentales para que la Acadèmia Valenciana de la Llengua sea una realidad, por lo que es a ella a quien le corresponde la responsabilidad de todo lo que afecta al presente y futuro de nuestra lengua, del valenciano".
En el siguiente debate, para abordar una moción del PSPV de apoyo a las exhumaciones y reparación de la dignidad de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, volvió a ponerse de manifiesto las alejadas posiciones entre el gobierno municipal y la oposición. El PP y Vox, haciendo valer su mayoría, tumbaron la propuesta.
La portavoz socialista Patricia Puerta declaró que "el olvido no es una opción para una democracia". "Hablamos de una dictadura que asesinó a seres humanos y los enterró en fosas comunes, hablamos de cerrar heridas y defendemos el derecho a la reparación jurídica y moral de personas y familiares directos que sufrieron destierros, torturas, entre otras cosas", apuntó.
El líder de Compromís Ignasi Garcia incidió en que hay que seguir invirtiendo en memoria democrática, "políticas imprescindibles por cuestión de justicia y reparación". "Estamos hablando de la dignidad de las familias y de recuperar cuerpos, y hemos de asegurar que este ayuntamiento dé respuesta a las familias", ha añadido.
Por su parte, el diputado popular Sergio Toledo repitió el discurso de semanas atrás en la diputación y destacó que "aquí hay mucho de venganza y nada de reconciliación, pues se criminaliza a los abuelos según el bando en el que combatieron". "Compartimos el derecho de familiares a buscar a los desaparecidos, pero esto está alejado de una ley puramente ideológica", prosiguió.
La contienda entre la derecha y extrema derecha y la izquierda no se acabó con las mociones, ya que en el apartado de ruegos y preguntas volvieron a salir algunos de los temas del pleno anterior en el Ayuntamiento. Por ejemplo, las videocámaras del centro, las retribuciones del equipo de gobierno, la declaración de bienes de la alcaldesa, Begoña Carrasco, o la Zona de Bajas Emisiones.
Respecto a la supermanzana, el PSPV recriminó al PP que los aparcamientos disuasorios vayan a ser de pago a raíz de la modificación del proyecto inicial. Según explicó después el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, la tarifa simbólica siempre ha existido. Es más, el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, aclaró que "el Anteproyecto de la ZBE contempla la instalación completa de equipo de lectura y barrera para control de acceso de un total de cinco puntos de parking disuasorio, puesta en servicio y conexión a centro municipal de control. Un millón de euros del proyecto va vinculado a la exigencia de Europa de que así sea. Los parkings van asociados al transporte público con un único pago, más barato que el billete de transporte público y que un aparcamiento subterráneo".
