Nuevo capítulo del lío de las tascas de Castelló: se abre la puerta a una nueva monitorización

CASTELLÓ. El lío de las tascas de Castelló vive su enésimo capítulo. A la espera de conocer la decisión final de la Fiscalía sobre su investigación por la Zona Acústicamente Saturada (ZAS), el Ayuntamiento baraja la posibilidad de realizar nuevas mediciones, según ha podido saber este diario. El motivo de impeler otra monitorización se debe a las dudas que genera el informe que la Conselleria de Transición Ecológica (ahora de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio) emitió en julio de 2022. 

El documento, solicitado por el entonces equipo de gobierno (Acord de Fadrell) para iniciar el expediente de eliminación de la ZAS, cuestiona la valía de los resultados obtenidos. Al margen de advertir que la estación de la calle Vera (esquina con el Casino) registró decibelios por encima de lo permitido, señala que los datos recabados "podrían no ser representativos de la situación actual". En concreto, se refiere a que se contabilizaron en plena pandemia, entre marzo de 2020 y septiembre de 2021, "pudiendo haberse visto afectados por las restricciones impuestas para combatir el covid-19 durante dicho periodo", recoge el escrito.

No correr riesgos legales

Aunque Calidad Ambiental, área responsable de evaluar el ruido, recalcó en aquel momento que la competencia sobre el cese o no de la Zona Acústicamente Saturada es exclusivamente municipal, el nuevo ejecutivo (PP y Vox) no quiere correr ningún riesgo. Es más, son los propios técnicos del consistorio los que advierten sobre la necesidad de blindar legalmente las tascas. Dicho de otra manera, consideran adecuado que los distintos informes que se adjunten en el expediente remen en una misma dirección.

De ahí que la alternativa de volver a hacer mediciones en las calles Barracas e Isaac Peral (y su área de influencia) está encima de la mesa. De ello son conocedores los propios empresarios, que verían la medida como un paso atrás para aliviar las restricciones actuales respecto al consumo de alcohol en la vía pública (sobre todo, en relación al horario). 

Una nueva monitorización dejaría en stand-by la supresión de la ZAS al menos dos años. En primer lugar, habría que impulsar una licitación para adjudicar el servicio. Después, debería transcurrir un periodo a fin de activar la prestación e instalar los denominados sonómetros. A partir de ese momento, y una vez operativos, tendría que cumplirse un plazo de 12 meses con vistas a la obtención de los registros.

Un proceso que duraría al menos dos años 

Tras obtenerse los resultados, la empresa concesionaria elaboraría un informe de conclusiones que con posterioridad analizaría el Ayuntamiento al objeto de determinar la interrupción o no de la Zona Acústicamente Saturada. En este escenario, habría que esperar hasta 2025 (mitad de legislatura) para tomar una decisión definitiva.

Después de las mediciones realizadas entre 2020 y 2021, el Fadrell acordó en junio de 2022 iniciar el procedimiento administrativo para rebajar la presión sobre las tascas. Dentro de esa tramitación, se solicitó un informe consultivo a la Conselleria de Transición Ecológica que, para sorpresa del ejecutivo, resultó negativo. Incluso, en segunda instancia tras presentar alegaciones.

Unos meses después (enero de 2023), afloró el segundo contratiempo con las diligencias incoadas por la Fiscalía para fiscalizar la actuación del consistorio en estos años. Sin saber todavía el resultado de la investigación del ministerio público, lo que ahora parece que preocupa a los funcionarios es la existencia del citado informe de Calidad Ambiental y que se desaconseja cesar la ZAS.