Foto: VPVALÈNCIA. El acuerdo que sellaron los grupos parlamentarios de Les Corts en la comisión de Gobierno Interior el pasado mes de diciembre que obliga a las formaciones a despedir a todo su personal al finalizar la legislatura y amenaza con un goteo de recursos en los tribunales por parte de los trabajadores ya ha tenido las primeras consecuencias en los juzgados.
Todos los partidos cerraron un acuerdo que establece que los grupos parlamentarios se constituyen al inicio de cada legislatura con un NIF y una cuenta de cotización en la Seguridad Social "vinculados específicamente a la legislatura en que se constituyen". Éstos "se darán de baja con la extinción del grupo parlamentario al finalizar la legislatura". Es decir, en cada mandato cada partido tendría un NIF nuevo como si de empresas diferentes se trataran.
El convenio añadía que cuando finalizase la legislatura los contratos laborales que suscribieran los grupos también se extinguirían y los trabajadores deberían percibir "los finiquitos o indemnizaciones que legalmente correspondan en cada caso salvo que la extinción se produzca como consecuencia de un despido que haya sido declarado judicialmente como improcedente o nulo".
Para ello, el pacto dice que los partidos deben contar con una provisión de fondos que no todas las formaciones han reservado, por lo que ahora que se acerca la fecha de poner fin a las relaciones laborales que suscribieron se encuentran contra la espada y la pared porque las cuentas no les salen: no tienen dinero para pagar los finiquitos de sus empleados.
Un escenario ante el que Compromís decidió actuar el pasado mes de junio y realizó un ERE preventivo para poder abonar algunas indemnizaciones. La coalición realizó cuatro despidos que justificó como "procedentes" amparándose en este acuerdo y en su insolvencia económica para asumir las consecuencias de su aplicación. Entre los cuatro despedidos, se encontraba Vicent Pons, encargado hasta entonces de la comunicación en redes sociales del grupo, otra asesora, el del técnico Dimas Montiel y la periodista Cristina Chirivella.
El primero llevaba trabajando en Les Corts desde hace al menos 15 años y este miércoles acudió a la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Valencia para tratar de evitar los tribunales. Sin embargo, no fue posible alcanzar un acuerdo entre las partes en el acto de conciliación y Montiel acudirá a los juzgados al considerar su despido como improcedente.
El malestar del personal que dejó de prestar sus servicios en Compromís hace ya tres meses no ha hecho más que incrementarse por los movimientos que ha hecho el grupo parlamentario en las últimas horas. Tal y como publicó este diario, la coalición ha fichado al exdiputado de Podem y exsecretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, para que ejerza en el tramo final de la legislatura de asesor de Vicent Marzà, exconseller de Educación y actual portavoz adjunto de Compromís en Les Corts.
A raíz de esta noticia, el propio Montiel publicó en sus redes sociales un mensaje que parecía claramente dirigido al grupo parlamentario en el que ha trabajado más de una década y, especialmente, al autor del fichaje: "Hay días que las noticias que salen te hacen sentir vergüenza ajena. Toda la vergüenza que otros, que se promocionan como ejemplos a seguir, no tienen y por lo que parece no saben ni qué es eso. Los aplausos les provocan sordera. En fin, algunos ya me entendéis".
