Jorge Marqués. Ayuntamiento de la Vall d'UixóCASTELLÓ. El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha denunciado la lista de espera que existe en la resolución de los expedientes de la Ley de Dependencia que realiza la Generalitat Valenciana. En el primer semestre de 2024 se han registrado 193 solicitudes y tan solo se han resuelto 5, lo que supone el 2,6% del total.
Estos datos contrastan con los de 2023, cuando hubo 527 solicitudes, de las que se resolvieron el 72% (379). El concejal de Servicios Sociales, Jorge Marqués, ha explicado que la reducción en el número de peticiones se debe a que la Conselleria tarda meses en autorizar el inicio de los trámites de valoración, por lo que se retrasa todo el proceso.
Asimismo, ha lamentado que la Conselleria está volviendo a los años anteriores a 2015, cuando “se amontonaban los expedientes y las personas morían sin tener la dependencia aprobada y sin cobrar la prestación que les correspondía”. En este sentido, ha recordado que la administración tiene 6 meses para resolver y comenzar el pago, por lo que la Generalitat Valenciana está incumpliendo estos plazos.
La prestación de la dependencia es un derecho, por lo que el Ayuntamiento activa desde hoy un nuevo servicio: la asesoría jurídica de servicios sociales. A través de él, cualquier persona puede formalizar una queja o denuncia por incumplimiento de la ley a la Generalitat Valenciana mediante el Síndic de Greuges, que es el organismo encargado de fiscalizar al gobierno valenciano. Para pedir cita hay que acudir al punto de información de la Concejalía de Servicios Sociales (avenida Jaume I, 30).
En este sentido, Marqués ha pedido a “Mazón y la consellera Camarero” que “se pongan las pilas porque con el envejecimiento de la población garantizar la ley de la dependencia es una prioridad y supone cumplir con un derecho fundamental”. Así, ha exigido que “se pongan a trabajar después de este año de mala gestión y falta de capacidad, porque estamos hablando de los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad”.
Cabe señalar que la prestación de la dependencia se solicita a través del Ayuntamiento, que es quien abre el expediente. Una vez abierto, se envía a la Conselleria de Servicios Sociales, que es quien autoriza al Ayuntamiento a realizar la valoración. Este trámite “con el Botànic tardaba entre 1 y 2 días y ahora tarda entre 5 y 6 meses”. Este retraso hace que se tramiten menos solicitudes.
Cuando la Conselleria acepta que el Ayuntamiento realice la valoración, una trabajadora social acude al domicilio de la persona dependiente para proponer un grado de dependencia. Este informe se vuelve a enviar a la Generalitat Valenciana, que es quien establece el PIA (programa individual de atención) y la resolución definitiva del grado de dependencia con una asignación económica.
Este pago tiene efectos retroactivos, de manera que se abona desde el momento en el que fue aprobado. Aunque el problema actual es que “los expedientes se están resolviendo pero no el PIA, por tanto el dinero no llega”. Una situación que “está afectando a muchas familias”, por lo que desde el Ayuntamiento “vamos a ser exigentes con la defensa de la ciudadanía y de sus derechos, gobierne quien gobierne”, ha finalizado el concejal.
