CASTELLÓ. La concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló se encuentra inmersa en un proceso de negociación con Voyager, la propietaria de las 235 viviendas de protección oficial de la zona de El Barranquet, para frenar o, al menos, posponer el alza de los precios de alquiler que el fondo inversor quiere imponer a los inquilinos que habitan en estos pisos. Así lo han asegurado a este diario fuentes de la concejalía que dirige María Jesús Garrido tras reunirse este martes con representantes de Voyager, Altamira -la empresa encargada de gestionar las fincas- y UMA, la promotora y antigua propietaria de los inmuebles.
Este acercamiento ha servido al consistorio castellonense para intentar "ganar tiempo" y "estudiar detenidamente la situación de las cerca de doscientas familias afectadas y valorar qué medidas se pueden tomar para frenar esta problemática". Sin embargo, ahora la pelota está en el tejado de la propietaria porque, aunque los representantes que acudieron a la reunión se comprometieron a valorar la opción de conceder un determinado margen de tiempo y prorrogar la subida de los alquileres, Voyager es quien tiene, en este asunto, la última palabra. "Les hemos exigido que nos den un margen de tiempo para ver cuál es la situación económica de las familias afectadas, conocer qué ingresos tienen, su vulnerabilidad y valorar si se pueden acoger a las ayudas a alquiler que ofrece la Conselleria de Vivienda o la bolsa de alquiler social y, de esta manera, amortiguar el golpe que supone este incremento desorbitado del precio de arrendamiento en estas VPO", explican fuentes municipales.
Asimismo, el área que dirige Garrido planteó a los portavoces realizar este aumento del alquiler "de forma progresiva", puesto que, según señalan "las familias que viven en estas seis fincas se encuentran en una situación de vulnerabilidad que debemos estudiar para ver de qué manera podemos ayudarles desde el ayuntamiento. "A algunos de los inquilinos de estas viviendas se les va a incrementar el precio del alquiler en 150 euros y la mayoría de ellos no tienen capacidad ni económica ni social para hacer frente a este pago", apuntan desde la concejalía.
Para el Ayuntamiento de Castelló, con la eliminación de esta cláusula la propietaria solamente tiene un fin: ganar rentabilidad. Teniendo en cuenta esto, en la reunión Garrido les instó a valorar que, si finalmente este incremento en el precio del arrendamiento se produce, "la propietaria tendrá que lidiar con impagos, buscar a otras familias que quieran vivir en esta zona o hacer frente a las familias que no quieran o no puedan irse y que se queden a vivir de forma irregular en las viviendas". Vivienda recordó a los portavoces empresariales que el vecindario está denunciando "situaciones de acoso inmobiliario" y que la nueva Ley de Función Social de la Vivienda penaliza y mide muy de cerca este tipo de actuaciones y también otorga potestad a la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana para poder quedarse con las viviendas que la propietaria tenga vacías y, por un periodo de siete años, dedicarlas a alquiler social.
Asimismo, la concejalía de Vivienda afeó a los representantes el poco tiempo de preaviso que el fondo buitre ha dado a las familias, puesto que Voyager envió a finales de febrero una carta a los inquilinos informándoles que suprimía de forma casi inmediata la cláusula de bonificación incluida en sus contratos. Según apuntan fuentes conocedoras, este 'descuento' en el precio del alquiler se incluyó en los contratos en 2011, cuando la anterior propietaria y actual promotora -UMA Gestión Integral Construcción y Promoción- puso en venta y alquiler estos pisos, para hacerlos "más atractivos y atraer a las familias hasta esta zona de Castelló".
Cabe recordar que el pasado lunes, el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, y la concejala de este área en el Ayuntamiento de Castelló, María Jesús Garrido, acudieron al barrio de Perpetuo Socorro para reunirse con las cerca de 200 familias afectadas por esta situación de emergencia habitacional y conocer la gravedad de la situación, así como para resolver las dudas que los inquilinos les plantearon ante esta difícil tesitura. Tras esta reunión, el representante de la Conselleria de Vivienda emplazó a los inquilinos a volver a reunirse la próxima semana y trasladó su compromiso a mediar con Voyager para intentar solucionar esta cuestión.
Según señalan fuentes municipales, la intención de el fondo buitre es que la administración valenciana adquiera estas viviendas. Sin embargo, esta opción no es algo que entre dentro del presupuesto actual de la Conselleria de Vivienda. Aunque sí es algo que se está tramitando desde el Ayuntamiento de Castelló. Tal y como explican, el consistorio castellonense se encuentra en trámites de adquirir una docena de pisos de estas seis fincas, puesto que unos cuarenta se encuentran vacíos. Sin embargo esta operación ya estaba en marcha "mucho antes de que ocurriera esta problemática" pero "podría suponer una vía de ayuda a familias en situación de vulnerabilidad, puesto que estas doce viviendas se destinarán a alquiler social", apuntan.
