CASTELLÓ. (EFE). El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha expresado este lunes su confianza en que los tribunales "les den la razón" en el caso Castor para poder cobrar la indemnización por la paralización del proyecto del almacén de gas porque, a su juicio, han sido los bancos los "claramente perjudicados".
Gortázar así lo ha defendido en su comparecencia ante la comisión de investigación del Parlament sobre el proyecto de almacén de gas en Vinaròs, paralizado después de que causara entre 2013 y 2014 centenares de miniterremotos en las costas de Castellón y Tarragona. "En vez de flujos de caja ciertos, tenemos un pleito: es evidente que no hemos salido particularmente beneficiados", ha subrayado.
Caixabank, así como el banco Santander y Bankia, presentaron ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Estado por los 1.350 millones de euros que aportaron para facilitar el cierre del almacén submarino Castor y que el Gobierno se comprometió a devolver en 30 años, junto a "los daños causados".
Las entidades habían reclamado antes al Gobierno después de que el Tribunal Constitucional declarara nulos varios artículos del real decreto ley que permitió a Escal UGS, empresa participada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas.
A continuación de este episodio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dejó de reembolsar lo financiado a los bancos. Según el directivo, el proyecto "tenía todo el aspecto de ser financiable" y por ello ha asegurado que invirtieron alrededor de 460 millones de euros, de los que CaixaBank ha recuperado 48 millones, mientras que entre las tres entidades la suma asciende a 141 millones.
"Si no tuviéramos esas condiciones, no financiaríamos ningún proyecto porque las pérdidas lo harían inviable", ha defendido Gortázar antes de reconocer que "no cabe duda de que el proyecto es un fracaso". También ha señalado que CaixaBank fue inicialmente un "actor secundario" y que les correspondía a las otras trece entidades con mayor participación llevar a cabo los "análisis" técnicos.
No obstante, ha dicho, "revisamos los informes que se pusieron a disposición para darnos tranquilidad de que la operación era financiable" y los riesgos destacables hacían referencia más a "fugas de gas" que a "movimientos sísmicos". "El riesgo de terremotos era más bien contenido", ha aseverado.
Ante las críticas de algunos grupos parlamentarios del elevado coste de la indemnización, Gortázar ha señalado que quien fija el valor es el "mercado" y ha recordado: "a día de hoy no hemos cobrado y parece difícil pensar que esto ha sido beneficioso para los bancos". También ha indicado que la función del banco es "financiar la actividad" y que "si dejaran de hacerlo porque no sale una cosa", no darían "ningún crédito" porque, ha señalado, "no tenemos la capacidad de predecir el futuro".
Junto a Gortázar también estaba citado en calidad de testigo su homólogo del Banco Santander, José Antonio Álvarez, que no ha acudido alegando motivos de agenda pero que se ha prestado a hacerlo en otra ocasión.
También han comparecido el presidente de ACS, Florentino Pérez; el exconcejal de urbanismo de Vinaròs Javier Balada; el edil de Turismo de la localidad, Domènec Fontanet, y el que fuera propietario de los terrenos expropiados para construir una planta de gas terrestre, Mariano Suñer.
