Maria Dolores Parra. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Directora General de Internacionalización, Maria Dolores Parra, concede esta entrevista a Castellón Plaza para abordar la Ley de Aceleración de la Inversión a Proyectos Prioritarios impulsada por su departamento, una norma ideada para "poner en lo alto del montón de expedientes en trámite" los de las compañías con proyectos de mayor magnitud, siempre que cumplan determinados requisitos sociales. La dirigente considera que el impulso de esta iniciativa no es contradictorio con el rechazo público de su partido, Compromís, al proyecto de la británica Intu en Paterna, donde prevé un macrocentro comercial y de ocio del que no es partidaria la coalición. "El caso de Intu no preocupa a los inversores interesados en la Comunitat", asegura en función de los proyectos que atiende su departamento.
-¿En qué consiste la Ley de Aceleración de la Inversión a Proyectos Prioritarios? Suena a las Actuaciones Territoriales Estratégicas que reguló el PP y ustedes eliminaron…
-Lo mismo pensó mismo al Secretario Autonómico de Vivienda y Obras Públicas, Lluís Ferrando, que se asustó al ver el borrador (risas). Hubo muchos que con el título creyeron que tenía algo que ver con las ATE del PP, pero no tienen nada que ver. Se trata de una ley para coordinar la burocracia entre las diferentes consellerias y administraciones locales a las que se enfrenta un proyecto con el objetivo de agilizar su implantación. Esta ley pretende simplificar la llegada de cualquier tipo de proyecto, no necesariamente uno urbanístico. También está pensada para la reinversión de firmas que ya se encuentren en la Comunitat. Se elimina la burocracia gestionándolo todos los trámites desde el Ivace para reducir los tiempos -que no los requisitos-.
"No es legal coger un expediente y ponerlo arriba de la montaña. Pero si se establece una ley que dice que si un proyecto, cumpliendo una serie de requisitos, se convierte en prioritario, sí podemos hacerlo"
-Esto también lo pretendían las ATE y no o consiguieron, de hecho fueron una traba más en una administración ya colapsada a nivel burocrático... ¿Será de verdad posible la mejora que pretenden?
-Esta ley tiene precisamente sentido porque nos encontramos con una administración colapsada. Hay determinados departamentos con serias dificultades por falta de personal, y no es legal coger un expediente y ponerlo arriba de la montaña, por importante que sea. Pero si se establece una ley que dice que si un proyecto, cumpliendo una serie de requisitos, se convierte en prioritario, sí podemos hacerlo aunque haya entrado el último. Esto es lo que pretende conseguir esta ley, y creemos que lo va a conseguir. La ley está aprobada desde hace nada y ya tenemos dos proyectos que han entrado como prioritarios. Cuando estas empresas vengan se reunirán a la vez con representantes de todas las áreas de los requisitos que deban cumplir, y un técnico del Ivace le asistirá para su tramitación. La perspectiva es buena. Queremos acabar con el "se ha dejado un papel", ser efectivos.
-Los requisitos democratizan la condición de proyecto prioritario (se exigen 'solo' 600.000 euros de inversión y 10 empleos para la atención en los Puntos de Aceleración a la Inversión) ¿No temen morir de éxito, que cualquier iniciativa se considere prioritaria y se colapse el servicio?
-Cuando empezamos a reflexionar sobre los criterios quisimos ni ser muy estrictos, para que no fuera una barrera de entrada, ni tampoco laxos, para que no se colara cualquier negocio convencional. Había que encontrar el equilibrio entre captar las inversiones interesantes y que no se colara la creación de una peluquería, por ejemplo. Entonces cogimos el criterio de Europa para el acceso a los incentivos regionales. Esa es la cantidad que se marca para las ayudas en el continente. Y a ello le añadimos el criterio del empleo, para romper el límite de la microempresa.
Sobre este tema hemos hablado mucho con Murcia, que ya lo tiene implantado. Ellos lo pusieron más alto al principio y lo tuvieron que bajar, paro ahora les está funcionando y lo han tenido que volver a subir. Nosotros vamos a probar a ver, siempre lo podremos mover si son necesarios ajustes. No sabemos cuantos proyectos nos entrarán. Si este año nos han entrado 60 sin la iniciativa, tal vez sean 100 o 120... no lo sabemos. De estos 60, entre los que está la alemana Xing, cabe apuntar que dos nos han pedido que se les aplique la ley. Hay muchos otros que están en fase de captación.
-Han fijado cuatro ítems de cláusulas sociales en los que hay que puntuar de forma obligatoria, en los que se fijan aspectos sobre inclusión social, igualdad y conciliación, o protección ambiental. Además incentivan a quien se instale en localidades despobladas ¿Tienen buena acogida entre las empresas estos aspectos o alguien los ha considerado una traba por no ser criterios económicos?
-Nosotros creemos que estos aspectos tienen que formar parte de la esencia empresarial, no creo que los empresarios quieran explotar a los trabajadores para obtener beneficios personales. Además, las administraciones públicas, en cualquier caso, no estamos para fomentar malas prácticas, sino las correctas. Las empresas que han llegado no han tenido problemas. No creo que sea una barrera de entrada para implantarse. Cabe subrayar que se pueden implantar igualmente sin cumplir estos requisitos, simplemente no disfrutarían de la agilidad que contempla la ley si deciden cumplirlos. La inversión creció un 600% en la Comunitat sin esta ley. Nosotros queremos ir más allá, pero la vía tradicional seguirá abierta. Cualquiera puede contratar a una consultora y que le haga la labor de gestionarle todo el proceso para instalarse en la Comunitat por la vía convencional, como se ha hecho siempre.
-¿No es contradictorio impulsar iniciativas para captar nuevas inversiones mientras se incita a la multinacional británica Intu a ‘irse a su casa’, como hizo el director general de Comercio Natxo Costa?
-Creo que Natxo Costa ya lo ha explicado mil veces después de lanzar ese tuit. Fue un comentario en su cuenta de Twitter personal. Él ya ha explicado lo que tenía que explicar. A mí lo que me preocupa es que se haga algo muy grande de esto, porque sí que nos podría afectar.
"Veo una politización del tuit de Natxo Costa que sí podría ser una amenaza, hay quien está aprovechando ese tuit para hacer campaña"
-¿Cree entonces que ha tenido un impacto negativo para la Comunitat?
-Yo veo una politización de esta cuestión que sí podría ser una amenaza, hay quien está aprovechando ese tuit para hacer campaña, y creo que tenemos que ser prudentes todos los que nos dedicamos a la política.
-¿A quién se refiere?
-A todos los partidos y consellerias. Creo que tenemos que ser prudentes todos los que nos dedicamos a la política. Tenemos que intentar minimizar ciertas cosas, no querer aprovechar todo desde el prisma político. Yo he estado en reuniones con inversores y Natxo Costa y puedo asegurar que él no asusta a los inversores. De hecho tenemos proyectos muy grandes de multinacionales interesadas, de EEUU y otros lugares, y él es muy claro, se limita a explicar lo que se ha de cumplir para implantarse aquí, explica la normativa vigente, nada más.
-Pero más allá del tuit, hay un rechazo manifiesto por parte de medio Consell (Compromís) ante esta iniciativa empresarial. ¿No lo ve una contradicción? ¿No es un ejemplo negativo para las empresas que tratan de atraer?
-Creo que es más una campaña mediática que una realidad esa afirmación. Aquí manda la normativa, y será la normativa quien diga si se pueden implantar o no. Yo creo que este caso no preocupa a los inversores interesados en venir aquí, porque no se trata de inversiones urbanísticas, no estamos hablando de centros comerciales. Se trata de proyectos más bien industriales o tecnológicos, que valoran lo que ofrecemos aquí y deciden si se instalan en este lugar o apuestan por Málaga o Zaragoza, que son otras áreas con las que solemos competir. Las empresas que con las que tratamos no se comparan con Intu.
"En Ford están preocupados, y nosotros también. Pero tenemos confianza, esto no quiere decir que Almussafes vaya a cerrar, ni mucho menos"
-Ford ya ha empezado a aplicar sus recortes en toda Europa, y Almussafes, a la espera de ver cómo le afectan, acaba de registrar el peor dato de producción de vehículos desde 2014 ¿Hasta qué punto debemos asustarnos?
-Ellos están preocupados, y nosotros también, porque vemos que ya está afectando a los países vecinos. Pero tenemos confianza, esto no quiere decir que Ford Almussafes vaya a cerrar, ni mucho menos. Se trata de la factoría más competitiva que tienen en Europa, y esa condición avala su continuidad. ¿Que bajará su ritmo de producción? Es posible, ellos mismos lo están diciendo. El sector está en reconversión, y el mercado mundial está como está, con tensiones, con un Brexit que no sabemos cómo acabará, con EEUU decidiendo una cosa o la contraria de un día para otro... No creo que haya que asustarse demasiado, pero sí es posible que sus cifras bajen.
-Como experta en comercio internacional ¿Cuánta culpa cree que puede tener Donald Trump en la regresión de Ford en Europa?
-Puede que hayan tenido conversaciones privadas con Ford de cierta influencia, pero no creo que sea el factor determinante, creo que el verdadero motivo es el balance de la empresa. No tiene sentido lo contrario, porque el grueso de su producto fabricado en Europa se vende en Europa, es más una cuestión de mercado, de estrategia de empresa.
-Hablaba del Brexit, que nos tiene en vilo… ¿Cómo nos afecta en la Comunitat la parálisis en la firma del acuerdo?
-El peor escenario es que no haya acuerdo, que ellos no se aclaren a la hora de aplicar lo que se ha negociado con Europa y que nos quedemos sin un marco claro para relacionarnos con el Reino Unido. Si hay un modelo sabremos cómo enfrentarnos con la aduana, pero si no lo hay habrá mucha incertidumbre, habrá que trazar protocolos nuevos para exportar allí nuestro producto agrícola, por ejemplo. El peor escenario es que se alargue esta situación, que se lo rechacen. Para el producto agrícola las pérdidas pueden ser millonarias, porque no puede ser almacenado.
