Vox avisa con vetar una iniciativa del Fadrell para reclamar los bienes inmatriculados por la Iglesia 

CASTELLÓ. El Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EUPV) plantea la posibilidad de abrir un proceso para reclamar los bienes inmatriculados de la Iglesia. Sin embargo, parece complicado que su propuesta vaya a prosperar en el Ayuntamiento de Castelló al haberla formalizado como declaración institucional, lo que significa que requiere del apoyo de todos los grupos políticos en la Junta de Portavoces, que se celebrará este lunes, para aprobarse en el pleno del jueves, 29 de abril.

En principio, Vox vetará la iniciativa. Al menos, esa es la idea por el contenido del texto, salvo que Madrid diga lo contrario en las próximas horas. Del resto de partidos de la oposición, el PP no valorará su voto hasta el mismo día, mientras que Ciudadanos supeditará el respaldo a la aceptación de varios cambios en la redacción del escrito y sobre los que trabajará durante el fin de semana.

Sin existir una clara sintonía entre las seis formaciones municipales acerca de una cuestión tan delicada y polémica, la propuesta del equipo de gobierno tendrá presumiblemente poco recorrido. En los acuerdos que recoge la declaración institucional, el Fadrell solicita al registro de la propiedad que remita al consistorio las notas simples de las inmatriculaciones realizadas por la congregación católica en el periodo que va desde la "dictadura del franquismo" hasta el año 2015. Un lapso de tiempo en el que "se produjo un espolio monumental, según la exposición de motivos. "Miles de bienes inmuebles (casas parroquiales, cementerios, fincas, etcétera), con todo lo que había en su interior, fueron inmatriculados por la Iglesia con el simple certificado de la diócesis correspondiente sin acreditar su titularidad, agrega.

El tripartito recuerda que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, condenó este tipo de prácticas en 2016. En este contexto, subraya que "la presión ciudadana y política relevó numerosos escándalos en todo el Estado", lo que precipitó la reforma de la Ley Hipotecaria de 1946. Ahora, el Ayuntamiento de Castelló pretende ir más allá e "insta al Gobierno de España a que, en el menor plazo posible desde la aprobación de la declaración, habilite mecanismos para clasificar el patrimonio cultural religioso de dominio público, establezca procedimientos para su catalogación y registro y posibilite la reclamación de la titularidad de estos bienes a sus legítimos titulares".

Según el último informe del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en la provincia existen 212 propiedades que el obispado registró, aprovechando la reforma de la citada ley que José María Aznar impulsó en 1998. Del total, dos se localizan en la capital de la Plana. Se trata de la parroquia de la Sagrada Familia y el colegio Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer.

Inventario de inmuebles por el IBI

Además, existen otras muchas construcciones de la Iglesia (39 en total) que no pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) pese a sus finalidades lucrativas. El equipo de gobierno todavía no ha cerrado el inventario, en el que está trabajando desde el inicio de la legislatura, a fin de cumplir el punto número 85 del documento de gobernanza del Fadrell y que fija el cobro del tributo, siempre que se acredite que el uso resulta distinto al social o religioso. 

En este sentido, en la campaña de las anteriores elecciones municipales, el alcaldable por Compromís, Ignasi García, defendió la necesidad de reforzar el Consejo de Inspección para democratizar la recaudación, y "acabar así con la herencia del Partido Popular con la que tenemos impuestos que unos pagan y otros no, con una arbitrariedad totalmente injustificada", en alusión a la diócesis Segorbe-Castelló.