CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló ultima las ordenanzas fiscales con vistas a 2025. Como suele ocurrir cada año, octubre se vislumbra el mes clave para empezar a aprobar los nuevos impuestos. En la línea de lo prometido por el PP en campaña electoral, el bipartito (Vox es el otro socio de gobierno) prevé seguir con su política de aliviar la presión sobre los contribuyentes, aunque la obligatoriedad de acatar la directiva 'verde' europea a fin de repercutir todo el coste de la recogida y tratamiento de los residuos a los vecinos dibuja un escenario incierto.
A falta de solucionar el marrón de las basuras para evitar un tasazo, la idea que maneja el equipo de gobierno pasa por aplicar una reducción del 2% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el de vehículos, según ha podido saber este diario. En el caso del primer gravamen, se pretende rebajar la parte del recibido correspondiente al coeficiente municipal al 0,6492% frente al 0'6624% de este año, que ya significó una rebaja del 4% respecto a 2023 (0,69%). En cuanto al segundo tributo, la deducción se plantea en el importe total. Por ejemplo, un contribuyente que ahora vaya a pagar 142,44 euros por su turismo verá reducida la cuantía de 2025 en 2,84 euros.
Estos dos impuestos podrían ser los primeros en ser aprobados por pleno. En concreto, por el ordinario de este mes previsto para el jueves 31. El decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), establece que las ordenanzas fiscales deben aprobarse siempre antes de concluir el año para garantizar su entrada en vigor a partir del 1 de enero del siguiente. El mismo precepto determina que, además de ser avaladas por la corporación, han de someterse a exposición pública para después publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). De ahí que por plazos octubre resulte un mes esencial.
Otro aspecto a tener en cuenta sobre el nuevo regimen tributario es que tiene una afección directa sobre el presupuesto. La estimación respecto a la recaudación de impuestos es fundamental para elaborar las nuevas cuentas municipales. En 2023, el Ayuntamiento renunció a ingresar más de dos millones de euros por la bajada de impuestos.
Además de reducir el porcentaje impositivo del IBI, impulsó la disminución de tipos y la bonificación mortis causa de la plusvalía, un recorte en el Bien inmueble de características especiales (BICE) y eliminó las tasas de las terrazas. Asimismo, materializó otras deducciones.
Para 2025, el objetivo estriba en seguir con esa tendencia, si bien el gran problema surge con la tasa de basuras, cuyo importe se puede ver incrementado de manera exponencial por esa imposición de Europa. Al menos, si el ejecutivo local no es capaz de encontrar una fórmula legal, a instancias de Reciplasa. El desembolso que realiza cada año el consistorio por la retirada y eliminación de los desechos urbanos asciende a unos 20 millones de euros. En realidad, esa cantidad resulta mayor si se contabilizan los 1,7 millones que se pagan a la entidad pública.
Por la tasa de basuras, las arcas municipales ingresan unos 10 millones anuales, es decir, la mitad del coste total. Esa cuantía resulta de sumar los miles de recibos de entre 92,7 euros y 103 euros por el servicio que la entidad local carga a los contribuyentes. Para evitar que estos tengan que asumir la totalidad de los 20 millones, lo que hace el Ayuntamiento es sufragar la otra mitad.
Eso era hasta ahora. A partir de abril de 2025 tanto el Ayuntamiento de Castelló, como todos los demás, deberán repercutir los costes en los vecinos. Para mitigar ese golpe en el bolsillo de los contribuyentes, algunos municipios ya han anunciado que bajarán el IBI. Es el caso de Vila-real o Benicàssim (2%). El de la capital de la Plana también va en esa dirección, según apuntan fuentes consultadas.