CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló todavía no ha actualizado en el portal de transparencia de su web las declaraciones de bienes y patrimonios de los 27 concejales que componen la nueva corporación. De acuerdo con el reglamento ordinario de plenos y comisiones, al inicio de cada legislatura los ediles tienen la obligación de formalizar un documento sobre las causas de una posible incompatibilidad y acerca de "cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos". Así lo recoge el capítulo III, artículo 21, que además señala que el escrito debe presentarse incluso antes de jurar o prometer el acta de munícipe.
El pasado 17 de junio, tras las elecciones locales del 28 de mayo, los regidores tomaron posesión de sus cargos para afrontar el nuevo mandado. Esto significa que ha transcurrido tiempo suficiente. Al menos, para 25 de los 27 ediles en vista de que Maica Hurtado se convirtió oficialmente en concejala el 31 de julio (por Salomé Pradas), mientras que aún está pendiente la proclamación de Clara Adsuara tras la renuncia de Susana Fabregat el 14 de agosto para dirigir la delegación del Consell. Ambas pertenecen al Partido Popular.
Fuentes consultadas por este diario de los cuatro grupos con representación institucional (PP, PSPV, Vox y Compromís) aseguran que todos sus representes entregaron el citado documento nada más recoger las credenciales ante la Junta Electoral. Sin embargo, la página municipal, en el apartado de declaraciones y bienes, aparece en blanco sin ninguna anotación.
La divulgación del patrimonio y actividad privada de los cargos electos representa un ejercicio de traslucidez política. Tanto el decreto 191/2010, de 19 de noviembre, del Consell sobre entidades locales como la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y el código de buen gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al que está adherido el consistorio, establecen los criterios respecto a su obligatoriedad.
En 2019, después de las elecciones del 26 de mayo, los munícipes registraron sus declaraciones de bienes y patrimonio el 12 de junio, cuatro días antes de la investidura. La web del Ayuntamiento publicó los documentos a mediados de agosto. Como curiosidad, Alejandro Marín-Buck y Vicent Vidal, los dos de Ciudadanos, se destaparon como los regidores más pudientes. El primero, con unos ingresos como médico de 180.000 euros. El segundo, con propiedades por valor de más de 500.000 euros.
El portal de transparencia del Ayuntamiento tampoco difunde las nuevas retribuciones de la corporación. Los sueldos que se pueden consultar corresponden a los ejercicios 2022 y 2021, en los que gobernaba el denominado Acord de Fadrell (PSPV, Compromís y Podem-EUPV). El 31 de julio de este año, casi antes del parón parlamentario por vacaciones, el PP aprobó en pleno las remuneraciones con el apoyo de Vox. Entre los sueldos, cabe mencionar los 76.197,88 euros brutos anuales de la alcaldesa, Begoña Carrasco (un 3% menos que su antecesora); los 62.843,61 euros de los cuatro delegados de área y los 61.843,61 euros de los tenientes de Alcaldía.
Asimismo, los portavoces de la oposición ven ostensiblemente incrementados sus emolumentos en relación a la legislatura anterior (un 6%), lo que conlleva una mayor dedicación (30%). La percepción se sitúa en los 30.534,46 euros. El gasto total por los salarios de la corporación asciende a 1.140.682,29 euros.