CASTELLÓ. El Ayuntamiento de Castelló se frustra con la comisión mixta de patrimonio, de la que también forman parte la Diputación Provincial y la Generalitat Valenciana. Desde que la alcaldesa, Amparo Marco, planteara por primera vez su creación el 24 de julio de 2019, en una visita institucional al nuevo presidente de la entidad supramunicipal, José Martí, no ha habido ningún progreso significativo, más allá de la constitución oficial el 1 de abril de 2021.
A pesar de los repetitivos intentos de la primera munícipe por reavivar el grupo de trabajo, la realidad es que tres años después el consistorio sigue sin conseguir la cesión de alguna de las edificaciones clave que expuso como prioridades cuando se habló de establecer sinergias entre las administraciones. Por ejemplo, la antigua Comisaría de la Policía Nacional y la Piscina Provincial, el último emblema del fabrismo.
En estos dos casos, construcciones propiedad de la institución provincial, las dificultades técnicas y administrativas impiden convertir en realidad la declaración de intenciones. El edificio de la Ronda Magdalena presenta un problema con el catastro, de baja desde 2010. En cuanto al complejo deportivo, al existir un contrato de explotación (lo gestiona Intur Esport hasta 2024), resulta inviable modificar las condiciones contractuales a propósito de la titularidad.
En este punto, solo se ha mejorado la situación con un inmueble de la Diputación. Se trata del pabellón Pablo Herrera en el Grau. Después reiterativas demandas por parte el Ayuntamiento para asumir la gestión de una instalación que utilizan exclusivamente los clubes locales, la institución provincial acordó a principios de 2020 formalizar el préstamo por un periodo de 25 años. Lo hizo, eso sí, tras realizar el consistorio una inversión de 321.000 euros para acometer una reforma integral, la primera desde la construcción de la infraestructura en 1982.
En diciembre de 2020, el Acord de Fadrell trató de reactivar la comisión mixta de patrimonio con la aprobación de una declaración institucional, en la que se instaba a las otras dos administraciones implicadas a elaborar un catálogo de edificios vacíos con el propósito de plantear posibles intercambios. Sin embargo, la iniciativa cayó en saco roto, especialmente porque la Generalitat nunca ha llegado a presentar el inventario de todas sus Consellerias.
Al contrario, cabe recordar el episodio de un solar subastado por Hacienda a espaldas del Ayuntamiento en octubre de ese mismo año. La alcaldesa trasladó su malestar a la dirección general del Sector Público y Patrimonio a través de una carta. Además de lamentar la opacidad, "sin especificar ninguna característica ni información" de la operación, advirtió que la maniobra contravenía el espíritu del grupo de trabajo, que pretende paliar "el problema causado por el desequilibrio entre los intercambios patrimoniales de inmuebles y suelo público", subrayó.
El consistorio ha entregado a la Generalitat entre 2000 y 2020 un total de 14 solares para proyectos autonómicos, cuyo valor catastral supera los 44 millones de euros. La última cesión corresponde a los terrenos de la calle Onda, donde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas construirá antes de 2025 una residencia para mayores con un presupuesto de 15,6 millones de euros.
Esos préstamos solo han sido de ida, ya que no ha habido una contraprestación en los mismos términos por parte de la Generalitat. Sin ir más lejos, Marco pidió en noviembre de 2021 que el edificio de Correos, adquirido por la administración autonómica, se destine a albergar una biblioteca o espacio cultura abierto a Castelló. La Conselleria de Hacienda, a la que se elevó la petición, rechazó la propuesta, recordando que el emblemático edificio ya tiene uso: albergar la sede de la Fundación ValER.