VALÈNCIA. "Name and shame" es un concepto inglés para definir el señalamiento público a una persona, empresa o similar cuando ha incurrido en un comportamiento incorrecto o ilegal. La Agencia Antifraude ha decidido aplicarlo a sus rebeldes. Aquellos que hacen caso omiso a sus recomendaciones, con lo que considera argumentos poco justificados, una o más veces. Porque hay reincidentes. El presidente de la entidad, Joan Llinares, destaca que la mayoría de administraciones tratan de aplicar las sugerencias de buena gana, pero lo cierto es que hay algunas que no. Y de todos los colores.
Aunque la ley le permite hacerlo, Antifraude ha incluido por primera vez en una memoria, la de 2022 –y la cual entregó ayer martes a Les Corts–, una lista del sonrojo. Debido a que la agencia tiene una capacidad de actuación limitada, parece que la intención es que, al menos, conste en algún lugar. En total, han sido 14 administraciones y entes públicos los que no han aceptado las recomendaciones de Antifraude en 25 expedientes de investigación concluidos.
Se trata de siete ayuntamientos (Benidorm, Torrevieja, València, Alcoi, Gavarda, Tous y San Antonio de Benagéber), la Diputación de Alicante, dos empresas públicas (Gespa, del ayuntamiento de Paterna, y Divalterra, de la Diputación de Valencia), la Generalitat, el Patronato de Turismo Costa Blanca, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (Ivam) y la Fundación Valencia Activa (del Ayuntamiento de València).
Destacan especialmente los incumplimientos de los ayuntamientos de Benidorm y Torrevieja por haber sido reiterados. Ambos ocupan el primer puesto del ranking. Pero el de València es el de mayor número de expedientes a cuyas recomendaciones no se ha atendido. La mayoría de éstas suelen ir dirigidas a la revisión de procedimientos, la exigencia de responsabilidades y planes reales para que se no vuelvan a repetir hechos similares.
En rueda de prensa posterior a la entrega de la memoria, Llinares reconoció que en 2022 se duplicaron las actuaciones incumplidoras de las recomendaciones. "No es una buena noticia. No deja más que entrever que hay una actitud de enroque en comportamientos que no se corrigen porque son hechos que ya han ocurrido o no se atreven a poner en marcha la solución", reflexionó.
Los comportamientos que han observado, indicó, son de "no me bajo del burro" o, directamente, de faltas de educación. En este sentido, señaló que en el caso del Ayuntamiento de Benidorm (gobernado por Toni Pérez) ha habido una "actitud beligerante y ofensiva" contra Antifraude, mientras que en otros casos como el de València ha visto "respuestas fuera de lugar" en las que quien escribe parece que "no sabe de leyes".
En Benidorm –con la alcaldía en manos del PP– las investigaciones que concluyeron en 2022 han sido variadas. Una fue el trato de favor por parte del concejal de Tráfico y Movilidad a un exedil del Ayuntamiento. El primero realizó una llamada un sábado al servicio de grúas municipal para permitir la retirada de un vehículo del segundo sin el abono de la tasa correspondiente.
Otra fue la filtración de respuestas de una prueba para la cobertura de 20 plazas de agentes de policía local en la localidad; y la última irregularidades en el proceso de selección también de policía local.
En Torrevieja, una investigación fue la del asfaltado municipal de la calle en la que vivían familiares del alcalde, Eduardo Dolón (PP), y si la persona encargada de redactar el proyecto era familiar de cargos electos del Ayuntamiento. Otra consistió en la prestación de servicios sin contrato respecto al plan de choque contra los mosquitos.
En el Ayuntamiento de València –dirigido por Compromís y PSPV– hay hasta cuatro. Una sobre la gestión de la contrata de la grúa, una de las más importantes del consistorio y que, según la agencia, habría supuesto un sobrecoste para las arcas públicas de más de 614.000 al estar prestándose el servicio fuera de contrato desde 2017. Para Antifraude, ese dinero jamás debería haber abandonado las arcas públicas, por lo que pidió que se revisaran los pagos por parte del Ayuntamiento. Sin embargo, la concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por el socialista Aarón Cano, rechazó hacerlo y alegó que no se daban "ninguno de los requisitos establecidos" en la ley para ello.
La segunda investigación concluyó que uno de los contratos suscritos por el consistorio en el marco de la celebración del Bonica Fest de 2019 no se cumplió en su totalidad, no se pudo acreditar el gasto en parte del material y se encontraron incumplimientos en la facturación y "errores" en la ejecución del acuerdo.
