Colegio de Graduados Sociales de CastellónCASTELLÓ. El Colegio de Graduados Sociales de Castellón ha celebrado su acto institucional para entregar sus premios anuales. Un evento en el que la presidenta, Amparo Máñez, ha puesto en valor el trabajo de este colectivo profesional en el ámbito laboral y jurídico asesorando a tres de cada cuatro pequeñas y medianas empresas de la provincia. Máñez ha remarcado la importancia de “estrechar el cerco” al intrusismo profesional y de alcanzar una comunicación más fluida con la administración para favorecer a la ciudadanía y al tejido empresarial, generando canales propios que permitan descongestionar los trámites burocráticos con distintos departamentos.
“Detrás de cada contrato laboral, en la gestión de la seguridad social, en los trámites de extranjería, colaborando en la formación de nuevos profesionales, defendiendo los derechos laborales, ejerciendo la mediación para reducir la conflictividad laboral, ahí estamos”, explicó.
La ley establece multas que oscilan entre 5.001 euros y 150.000 euros para aquellas personas que desempeñen funciones de graduado social sin estar colegiado. Así como la inhabilitación o suspensión temporal por sanción previa por un tiempo que puede ascender a cinco años. Se ha endurecido el marco legislativo y las competencias sancionadoras en los distintos colegios profesionales, sin embargo, “siguen detectándose malas prácticas” en todo el territorio autonómico a las que “hay que responder con rapidez para evitar los perjuicios que genera a nuestro colectivo pero también a quien los utiliza”.
Durante su intervención, la actual presidenta del Consejo Valenciano de Graduados Sociales también quiso visibilizar distintos obstáculos a los que cada día se enfrentan en su laboral profesional. “Debemos poner de manifiesto ante la sociedad el derecho a nuestra conciliación familiar, a la salud, al descanso; frenar el desequilibrio que supone la digitalización de la administración cuando descansa sobre nuestras espaldas; responder ante la “indefensión” que generan las masivas notificaciones por Boletines o rechazar las obligaciones con derivación de trabajos propios de la Administración”, expuso.
El acto organizado por el Colegio de Graduados Sociales de Castellón para cerrar el año, sirvió también como marco para la entrega de distintos premios y reconocimientos. Tres estudiantes de la UJI del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos obtuvieron las Menciones Especiales por sus expedientes académicos: Víctor Cordente, Ángela Yoana Montaño y Gabriel Sánchez-Camacho.
Por otro lado, también se reconoció la trayectoria profesional y la colaboración con el Colegio de Juan José Camino Frías, inspector de Trabajo y Seguridad Social recientemente jubilado, y a José Manuel Marco Cos, ex presidente de la Audiencia Provincial.
Una amplia representación del ámbito jurídico, político y laboral de la provincia asistió a este evento institucional celebrado en el hotel Intur, como la Subdelegada del Gobierno en Castellón, Soledad Ten, y el concejal de Economía, Hacienda, Empleo y RR HH, Juan Carlos Redondo, quien fue secretario del Colegio de Graduados Sociales de Castellón.
