CASTELLÓ. (EP). El presidente de la Diputación, José Martí, ha solicitado el apoyo del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana para impulsar con los fondos europeos de reconstrucción un gran proyecto de superación de la brecha digital territorial y de las personas existente en la provincia de Castellón. Según ha explicado, "son recursos que deben ayudar a solucionar los problemas ocasionados por la inexistencia de un servicio de Internet de muy alta velocidad, y a favorecer el emprendedurismo local y la atracción de inversiones externas".
También ha defendido el papel de las diputaciones como "instituciones intermedias, valedoras de los pequeños pueblos de interior", a las que, citando al filósofo español José Ortega y Gasset, ha reclamado que sepan "estar a la altura de las circunstancias para que los municipios más modestos puedan presentar proyectos específicos de calidad para acceder con éxito a los recursos que la Unión Europea ha asignado a España".
Son manifestaciones realizadas durante la clausura del webinar 'Reto Demográfico: Next Generation EU 2027', organizado por la Diputación de Castellón a través del centro Europe Direct y el área de Desarrollo Rural, donde ha puesto de manifiesto que "el tránsito por las grandes autopistas digitales de la información resulta fundamental para generar actividad económica, crear puestos de trabajo y fijar población al territorio".
Martí ha añadido que con la existencia de un servicio digital de calidad cobran sentido otras medidas que se puedan adoptar, como la creación de polígonos industriales, "ya que en la actualidad se da la circunstancia de que algunos municipios disponen de suelo industrial que no está bien conectado a Internet y que, en consecuencia, no resulta atractivo para las empresas".
El presidente también ha incidido en la necesidad de modificar las leyes de contratos, subvenciones y régimen jurídico del sector público "para ganar en agilidad y para que los pequeños ayuntamientos puedan presentar sus proyectos en tiempo y forma". Además, se ha referido a la urgencia de detectar "los cuellos de botella" que ralentizan los procesos administrativos, que, en general, "tienen que ver con las restricciones para la contratación de personal que impone la tasa de reposición".
No obstante, refiriéndose de forma específica a la Comunitat Valenciana, ha mostrado su preocupación por la escasez de personal existente en la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica "porque puede dificultar la supervisión de los proyectos que presenten los ayuntamientos". En su opinión, "sería imperdonable que por un mal funcionamiento de la administración se perdieran estos fondos europeos de reconstrucción".
Por otra parte, en dicho webinar, el secretario general de Reto Demográfico del Gobierno de España, Paco Boya, ha manifestado que los fondos europeos de reconstrucción representan una "oportunidad histórica" para la superación de la brecha existente entre los ámbitos urbano y rural, según ha informado la Diputación en un comunicado.
"Son recursos que están llamados a garantizar la igualdad de oportunidades y el disfrute de los derechos de ciudadanía en todo el territorio, se viva donde se viva", ha dicho. Según ha explicado, hay por delante un reto que se ha de ser capaz de aprovechar, a través de la presentación y ejecución de proyectos que "hagan avanzar hacia una España verde, digital, sin brecha de género, cohesionada e inclusiva".
Así mismo, ha anunciado que el Gobierno trabaja para simplificar el marco normativo de los pequeños municipios mediante la creación de un estatuto que empodere a los alcaldes. Ha explicado que "hay que ponérselo fácil a los alcaldes de los pueblos, porque no es lo mismo gobernar un pequeño municipio que una gran ciudad". De lo que se trata es de "ser capaces de generar proyectos en el ámbito rural que favorezcan el emprendimiento y creen riqueza", ha añadido.
Por último, la directora general de la Agencia Valenciana Antidespoblamiento, Jeannette Segarra, se ha referido a la dualidad demográfica existente en la Comunitat Valenciana, en la que convergen la realidad de una costa masificada y un interior escasamente poblado.
También ha incidido en que el problema demográfico tiene una especial incidencia en Castellón, ya que de los 154 municipios valencianos en riesgo de despoblación, 79 corresponden a esta provincia. La directora general se ha referido a la necesidad de dar un enfoque demográfico a todas las políticas que impulsan las administraciones con el que "miren más al presente que al futuro" porque lo que hay que hacer es centrarse" en el bienestar de las personas que actualmente viven en los pueblos".
Segarra ha adelantado que los presupuestos de 2021 contemplan una fiscalidad diferenciada en el ámbito rural, con la aplicación de deducciones fiscales con cargo al tramo autonómico del IRPF de entre 300 y 540 euros. También se aplicará una bonificación añadida del 15 por ciento a las ayudas por apertura de una empresa.
