Votación para aprobar los nuevos sueldos en el pleno del 29 de julio. Fotos: ANTONIO PRADASCASTELLÓ. El inicio de la legislatura para el Acord de Fadrell no está resultando nada placentero. Al contrario. El desgaste y la presión a la que se ven sometidos sus integrantes (PSPV-PSOE, Compromís y Podem-EU) va en aumento conforme avanzan los meses y se suceden los temas espinosos. En apenas medio año el equipo de gobierno ha tenido que lidiar con, al menos, 10 polémicas que han convertido el arranque de mandato en una carrera de obstáculos.
El primer asunto que vaticinó un camino de espinas coincidió con la aprobación de la subida de los sueldos. Más allá de la controversia por el órdago del PP, rompiendo el preacuerdo para que los portavoces de la oposición gozaran de dedicación exclusiva, lo que escoció internamente fue la argumentación esgrimida por los socialistas, en nombre del tripartito, para justificar la decisión.
En el pleno del 29 de julio no hubo mención alguna acerca de la postura de los concejales nacionalistas y morados. Estos últimos quedaron especialmente expuestos, ya que en realidad no se aplicaban el incremento salarial, al mantener las retribuciones de la anterior legislatura. Su líder, Fernando Navarro, tuvo que matizar públicamente la posición de su partido para aplacar las críticas.
El episodio anticipó lo que iba a ser un mes de septiembre convulso para el Fadrell. A los pocos días de regresar del descanso estival (el 5), el Partido Popular y Ciudadanos registraron una petición formal para crear una comisión de investigación sobre la sala de Emergencias y Seguridad. La celebración de una sesión extraordinaria propició su aprobación el 18 del mismo mes. Casi una semana antes, el 12, la concejala María Jesús Garrido (Podem-EU) incendiaba el pleno de agosto (siempre se deja para después de las vacaciones) al destapar que en algunos pisos sociales, propiedad del Ayuntamiento, se estaba vendiendo droga.
Sin tiempo para apagar aquel fuego, Castellón Plaza desvelaba que la corporación se vería abocada a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre las tascas en el pleno del 26 de septiembre. Aunque los servicios jurídicos trabajaban contra reloj en busca de una solución, lo cierto es que la prohibición del consumo de alcohol en las calles Barracas e Isaac Peral pesaba como una losa sobre los hosteleros.
Antes de la celebración de aquella sesión se produjo un nuevo sobresalto para el tripartito. Castelló en Movimient anunciaba su disolución y, en consecuencia, dejaba la confluencia con Podem y EU. La decisión desencadenó un tsunami político al afectar a una de las ediles de la convergencia con la que las tres formaciones habían concurrido en las elecciones del 26M, obteniendo dos regidores. Garrido se quedaba en una situación comprometida, que a día de hoy todavía no se ha resuelto.
Octubre se caracterizó por el pulso entre los propietarios de las tascas y el equipo de gobierno sobre la aplicación de la citada sentencia y el futuro de sus negocios a consecuencia de las restricciones de la ZAS. Los hosteleros amenazaron incluso con denunciar ante el juzgado al Ayuntamiento de Castelló al entender que desde 2014 y hasta 2019 se cometieron irregularidades en las mediciones. No en vano, solicitaron por escrito la monitorización de Barracas e Isaac Peral durante esos años.
Además, en el pleno del mes el concejal de Deportes, el socialista Omar Braina, creaba la primera crisis del Acord de Fadrell al ocultar a sus socios un informe técnico respecto a un préstamo del IVACE. El edil aprovechaba igualmente el foro para criticar a su antecesor en el cargo, Enric Porcar (Compromís), con el que ya había mantenido un rifirrafe días atrás en redes sociales. El portavoz de la coalición nacionalista, Ignasi Garcia, intervino en defensa de su compañero para acusar al regidor del PSPV de desleal.
Noviembre tampoco resultó especialmente tranquilo para el tripartito. La noticia de que se negociaba suavizar el código ético para evitar otro 'caso Brancal', adhiriéndose al documento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), tensó la relación entre los socios de gobierno. Más cuando unas semanas después de publicarse la información, la jueza que instruía la querella del PP contra la exvicealcaldesa (y también contra Enric Nomdedéu) atendía a la petición del fiscal y archivaba la causa.
A esa polémica se sumó la decisión de la presidenta del Patronato, Pilar Escuder (PSPV), de disolver la Junta de Festes con el voto en contra de su vicepresidenta, Verònica Ruiz (Compromís).
Por si no fuera suficiente, el portavoz del gobierno municipal, Rafa Simó, tenía que dar la cara el 28 de noviembre para admitir que la esperada evaluación ambiental para impulsar el Plan General no estaría dentro los plazos legales al solicitar la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica nueva documentación. Fue el enésimo e inesperado contratiempo del Fadrell para avanzar con su programa de gobierno.
Con tantos frentes abiertos, todo hace indicar que la carrera de obstáculos seguirá marcando el devenir del PSPV, Compromís y Podem en el Ayuntamiento de Castelló durante las próximas semanas y meses.
