CASTELLÓ. El Acord de Fadrell pospone a la siguiente legislatura la rehabilitación tanto del viejo asilo, en la calle Gobernador, como de la antigua comisaría de la Policía Nacional, en la ronda Magdalena. Ambos proyectos se vislumbran como obras estrella del tripartito para el nuevo mandado en el caso de que el PSPV, Compromís y Podem-EUPV reediten, por tercera vez desde 2015, la coalición de izquierdas al frente del Ayuntamiento de Castelló.
Fuentes municipales señalan que los técnicos llevan tiempo trabajando en las dos actuaciones. No en vano, manejan distintas propuestas, de acuerdo a las instrucciones trasladadas desde Alcaldía, sin que se haya tomado una decisión definitiva al respecto. La elección de uno u otro proyecto dependerá en el futuro de la obtención de fondos europeos, ya que la idea radica en garantizar el grueso de la financiación a través de alguna convocatoria Next Generation.
Al no estar asegurada esa inyección económica y en vista de que los plazos de ejecución (y licitación) se intuyen prolongados, la postergación de las reformas integrales se considerada justificada. Además, la pretensión del equipo de gobierno pasa por convertirlas en grandes proyectos del curso político 2023-2027. En este sentido, no se descarta que alguno de los socios del Fadrell incorpore esas obras en su programa electoral. Tampoco sería la primera vez. En las elecciones de 2019, el PSPV planteó transformar el viejo asilo en una biblioteca municipal multimedia. En esta legislatura, Compromís sugirió la alternativa de recuperar el edificio como sede del Museu de la Ciutat (MUCC).
Lo que sí parece decidido por parte del gobierno municipal es que, con independencia de cuál sea el uso final de la inmueble de la calle Gobernador, se derribará el muro que rodea el jardín interior para abrirlo a los vecinos. Esa medida, según las mismas fuentes, está acordada en el seno del tripartito, aunque todavía no se ha podido llevar a término.
El Ayuntamiento de Castelló adquirió la construcción en 2003, con José Luis Gimeno como alcalde (PP), en una operación que supuso un desembolso de 16,8 millones de euros. Esa cantidad se abonó a las Hermanas de los Ancianos Desamparados, anterior propietaria, en varios pagos. Tras la compra del geriátrico, el Partido Popular conjeturó ante la posibilidad de acometer una profunda renovación al objeto de transformar la edificación en el consistorio del siglo XXI.
Ese mismo proyecto figura entre las alternativas que barajan los técnicos municipales, siempre a instancias de la alcaldesa, Amparo Marco. La necesidad de disponer de un nuevo edificio resulta cada más imperiosa por una doble cuestión. Por un lado, para reducir los elevados gastos por alquileres (por encima de 1,5 millones de euros anuales). Por otro, para incrementar los espacios modernos, en tanto en cuanto la sociedad demanda instalaciones más funcionales. De ahí, por ejemplo, la rehabilitación integral de la casa consistorial en la plaza Mayor, que encara su recta final tras años de cambios.
En cuanto a la antigua comisaría de la Policía Nacional, cuya titular es la Diputación Provincial, la intención estriba en desbloquear la actual situación. Sin novedades significativas de la comisión mixta de patrimonio en este asunto (la Generalitat completa el trío de administraciones), se considera imperativo avanzar en el intercambio de inmuebles durante el próximo mandato. En este caso concreto, mediante un convenio de cesión de larga duración entre el Ayuntamiento y la entidad supramunicipal.
Con ello, se garantizaría el poder recuperar un recinto que permanece en desuso desde 2011. La opción que gusta especialmente en el ejecutivo local consiste en transformar la edificación en una construcción polivalente, con distintos servicios para la comunidad.