CASTELLÓ. La Diputación de Castellón reconfigura el megacontrato de 9,6 millones de euros para la vigilancia de sus edificios. El nuevo expediente, aprobado el pasado 21 de junio, corrige el anterior de mayo, que presentaba un error respecto a los criterios de calidad. El porcentaje asignado en la valoración de las ofertas (49%) incumplía el artículo 145.4 de la Ley de Contratos Públicos del Estado, que remarca que dicha proporción debe ser ostensiblemente superior. En concreto, del 51% al objeto de garantizar una adecuada baremación de las propuestas, prevaleciendo sobre los aspectos relacionados al precio.
Al tratarse de una infracción no subsanable, la institución supramunicipal debía impeler un nuevo procedimiento, más cuando se trata de una prestación especialmente relevante. En efecto, se trata del servicio de mantenimiento de los sistemas de detección de intrusismo de las dependencias municipales. De ahí el elevado importe para cada periodo natural (1,93 millones de euros) y la duración de la concesión (hasta un quinquenio).
Las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 26 de julio para presentar sus ofertas. Ese periodo supone un mes más respecto a la acotación inicial del primer pliego, que planteaba como fecha tope hasta el 28 de junio.
El megacontrato cuenta con una permanencia inicial de dos años, con posibilidad de ejecutar distintas prórrogas sin sobrepasar el límite de cinco ejercicios. Al incluir los principales inmuebles propiedad de la Diputación, se divide en cuatro lotes. El primero corresponde al Palacio Municipal, Centro Cultural de Las Aulas y el Museo Etnológico. El presupuesto de partida asciende a 385.391,05 euros (se entiende por anualidad). El paquete número 2 contempla las nuevas dependencias y sus anexos y el recinto cocherón (imprenta y centro de energías). El importe se eleva hasta los 529.980 euros.
El lote 3, con el mismo valor que el anterior, incluye el centro socio-educativo de Penyeta Roja. Por último, el cuarto incorpora exclusivamente el Castillo de Peñíscola, con una estimación económica de 490.975,65 euros.
Aunque el expediente está fraccionado, una misma concurrente puede asumir el servicio en su totalidad. Así lo viene haciendo Casva desde 2019, cuando ganó la última licitación. Todas las concurrentes tienen la obligación de acreditar su solvencia tanto económica como técnica para participar en el procedimiento, que se resolverá antes de acabar agosto en vista de que la apertura de la postrera plica se producirá el 12 de ese mes.
De acuerdo con las bases, las tareas de vigilancia consisten en verificar el acceso de los visitantes a las dependencias (recepción e identificación), gestionar los sistemas de seguridad (cámaras, detectores o monitores) y realizar rondas de vigilancia. En este sentido, se establecen distintas categorías en función del horario y las características de los inmuebles. No obstante, se debe garantizar un control permanente durante los 365 días del año.