La fecha de caducidad de las cámaras del centro: antes de final de año, pero aún no está claro cómo

CASTELLÓ. La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, insiste en su idea de desconectar las 24 videocámaras del caso antiguo para, así, cumplir uno de sus grandes compromisos electorales. Aunque admite la dificultad de apagar los lectores de matrículas, se marca como objetivo hacerlo en diciembre, como tarde. Incluso, no descarta que la solución técnica se materialice durante septiembre. "La intención es que se deje de multar cuanto antes. Si puede ser este mes, mejor", subraya.

Sin embargo, el Ayuntamiento todavía no ha logrado el encaje de bolillos para poner fin a una polémica medida que activó el anterior equipo de gobierno, el denominado Acord de Fadrell, a principios de 2021. Según explica la primera munícipe, los técnicos de varios departamentos (movilidad, recaudación o policía) trabajan de manera coordinada en busca de blindar la alternativa legal.

Medidas complementarias

Más allá de disponer de amparo jurídico, el objetivo estriba en evitar que la aplicación de la medida "llene de coches el centro", precisa Carrasco. En efecto, la supresión del sistema sancionador no debe implicar una interrupción a propósito de la articulación de las cámaras. "Queremos aprovechar que ya están instaladas para mejorar la seguridad, pero no es fácil reconvertirlas", explica, en referencia al software y hardware de las filmadoras.

Al mismo tiempo que se intenta encontrar la fórmula técnica, el Ayuntamiento aboga por impeler acciones complementarias que persuadan a los conductores a la hora de acceder a la zona céntrica una vez las videocámaras dejen de sancionar. Por un lado, está previsto mejorar la señalética vertical en los puntos estratégicos de entrada. Por otro, se pretenden incrementar la información a pie de calle sobre el apagado a través de los agentes de movilidad. En tercer lugar, se prevé adecentar distintas zonas como aparcamientos disuasorios.

El origen del problema con la puesta en marcha del sistema

El procedimiento de fiscalización mediante videocámaras entró en funcionamiento en sustitución de los bolardos. Lo hizo un 16 de febrero de 2021 después de un periodo de pruebas, que duró mes y medio. La medida, cuya idoneidad defendió entonces el ejecutivo local por su naturaleza sostenible al reducir las emisiones de CO2, generó controversia desde prácticamente el primer día.

El malestar de vecinos y comerciantes aumentó con el pasado de las semanas, derivando en manifestaciones, recogida de firmas y protestas. El Partido Popular, en aquel momento en la oposición, siempre se mostró contrario a su implantación por las molestias y perjuicios económicos.

A consecuencia de ese creciente rechazo, el equipo de gobierno desactivó las videocámaras en abril de ese año hasta octubre. No obstante, la interrupción se alargó hasta principios de 2022, activándose de nuevo después del periodo navideño. El pasado mes de junio, el PP denunció ya al frente del ejecutivo local que la avalancha de multas obligaba a incrementar el gasto municipal relativo al envío de las notificaciones a los afectados. Un motivo más para desconectar las filmadoras.