La inflación y el aumento de municipios disparan el megacontrato eléctrico de Diputación a 41 millones

CASTELLÓ. La Diputación de Castellón varía su estrategia eléctrica para contener la factura de los municipios asociados a la central de compras. Para evitar un endeudamiento de las entidades locales en 2023 por el pago de los recibos, la institución provincial saca a concurso un nuevo megacontrato, adaptado a la realidad actual en cuanto a la inflación y las tarifas.

El expediente garantiza el suministro a un total de 120 localidades. El valor estimado asciende a 41,1 millones de euros (impuestos incluidos) y contempla un año de duración, con la opción de acogerse a una prórroga de 12 meses. A diferencia de otros contratos de similares características impelidos en las dos últimas legislaturas, no se plantea la división en lotes. La volatilidad del mercado energético desaconseja la contratación de pequeñas cuantías con el fin de disminuir los riesgos ante la inestabilidad de precios y reducir la posibilidad de incumplimientos.

El caso de Electra Energía

En concreto, la Diputación busca blindarse frente a episodios como el vivido el pasado mes de febrero, cuando la empresa castellonense Electra Energía, una de las adjudicatarias del anterior contrato, renunció a su lote por el encarecimiento de la luz. Hasta 39 pueblos del interior quedaron desprotegidos, viendo cómo se cuadruplicó el coste de la electricidad. La institución provincial trató de reaccionar con la tramitación de una nueva licitación. Sin embargo, la complejidad técnica por la fluctuación de precios impidió finalmente sacar el concurso público.

Ahora, aprovechando que el próximo 31 de diciembre finaliza el megacontrato de 2020 (24 millones de euros y 93 municipios), la entidad supramunicipal prepara un expediente. Lo hace con el objetivo de dar solución a esa problemática, ampliar la cobertura y, además, garantizar el cumplimiento de la prestación, sin peligro de inobservancias.

Aspectos del pliego de licitación

A las empresas concurrentes se les exige acreditar tanto la solvencia técnica como económica. Asimismo, en el pliego de cláusulas administrativas se privilegia el coste de la energía a la hora de baremar las ofertas (51% de la puntuación). Esto significa que aquella mercantil que presente la propuesta más ventajosa en relación a los precios, previsiblemente, se llevará la adjudicación.

La estimación económica anual según las tarifas se establece de la siguiente manera: para 2.0TD, 15.060.811,28 euros; para 3.0TD, 23.006.795,20 euros; y para 6.1TD, 3.098.473,81 euros. Los licitadores pueden incluir una mejora de precios voluntaria en el caso de que la cotización descienda a lo largo de la vida del contrato.

La facturación debe ser siempre mensual e individual por cada punto de suministro y ajustarse a las lecturas reales de los contadores correspondientes. De acuerdo con las bases, la factura tiene que contener los conceptos habituales, esto es, coste del término de potencia en cada periodo, complemento por desviación en la potencia contratada o alquiler de equipos de medida.

Una vez avalado el megacontrato por pleno este martes, la plataforma de Contratación prevé publicar el anuncio de la licitación y el pliego para abrir el plazo de presentación de ofertas. Si no surge ningún contratiempo, en las próximas semanas se espera resolver la adjudicación.