CASTELLÓ. La huelga estatal de profesorado asociado convocada por la Asociación Estatal del Profesorado Asociado de las Universidades Públicas parece haber pasado 'de puntillas' por la Universitat Jaume I. Al menos así lo reflejan los datos de seguimiento emitidos por la propia universidad castellonense, que cifra en 39 el número de docentes que la ha secundado (de los 661 profesores asociados) en los primeros tres días de parón. Es decir, un 5,9% del total.
Sin embargo, la valoración de la Plataforma del Professorat Associat UJI-Professorat Precari al Claustre sobre el seguimiento de la huelga es bien distinta. Los miembros de la plataforma insisten en que los datos emitidos por la UJI no se pueden valorar ya que "no todos los docentes que han hecho huelga han utilizado la plataforma IGLU para comunicarlo".
Es más, a través de sus redes sociales, el personal asociado ha alertado de que la obligación de informar de la huelga a través de IGLU "podría ser ilegal". Según apuntan en su Twitter, la Plataforma del Professorat Docent i Investigador Associat de la UJI la recomendación de los sindicatos es "simplemente que no se vaya clase, al no pasar la tarjeta se generará una incidencia en el expediente a la que habrá que contestar indicando que se estaba de huelga". "Es obligación de la "empresa" registrar quién ejerce ese derecho. No puede recaer en la persona trabajadora", añaden.
Cabe recordar que los profesores asociados de la UJI se sumaron a la convocatoria de huelga estatal e indefinida programada para todos los martes, miércoles y jueves en contra de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Entre sus principales reivindicaciones se encuentra conseguir el carácter indefinido de los contratos del PDI Asociado sin necesidad de concursos, el reconocimiento de las horas efectivas de trabajo (ya que, según explican, a cada hora de clase le corresponden cuatro horas de preparación); la promoción del PDI Asociado a las categorías superiores a las que esté acreditado; el derecho al cobro de quinquenios y sexenios como las otras figuras contractuales, así como el pleno derecho a la participación en investigación.
Asimismo, en el caso de las universidades valencianas, se reivindica la aplicación "definitiva y con carácter retroactivo desde enero de 2019" del convenio colectivo del personal laboral de las universidades. En este sentido, preguntado por esa cuestión el president de la Generalitat Ximo Puig defendió el pasado miércoles que "la Generalitat tiene los recursos a disposición de las universidades para poder llevar a cabo este ejercicio justo que se tiene que provocar". "Hay una problemática directamente vinculada a la legalidad, pero por parte de la Generalitat tenemos los recursos y la voluntad de que se pueda resolver, es una cuestión que, desde luego, excede a las capacidades de la propia Generalitat", insistió.
