Imagen de la sede de Acciona este martes. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra realizando diversos registros en la mañana de este martes en varias sedes de empresas en toda la Comunitat Valenciana por el conocido como caso Azud. Los agentes han accedido a empresas de Valencia, Castellón y Alicante para recabar documentación por orden del juzgado de Instrucción número 13 y la Fiscalía Anticorrupción en una parte de la investigación que permanece secreta. Por el momento, no hay detenidos.
El caso Azud se centra en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones de la Comunitat durante 15 años. Empresarios y políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. Hasta la fecha, alrededor de 60 personas están imputadas y se apunta a los posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.
Según ha podido saber Valencia Plaza, uno de los registros que está practicando la UCO es en las sedes tanto de Madrid como de Valencia de Acciona. Este grupo, de acuerdo con las indagaciones, fue adjudicatario en 2006 del contrato de saneamiento de aguas en València por 15 años y 129 millones de euros. Los investigadores creen que se trató de una de las operaciones amañadas de la trama debido a que el abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá, pudo usar sus influencias en el Ayuntamiento para que resultara beneficiado con un contrato de máximo interés para la empresa.
Según el sumario, las valoraciones técnicas de las diferentes ofertas presentadas no estuvieron "mínimamente razonadas" y "se condujeron con una total falta de objetividad buscada" con el único fin de que Acciona se adjudicase la contrata. Además, el pliego de dicho contrato "contenía las suficientes indefiniciones" como para que la adjudicataria obtuviese más beneficios de los esperados y "cobrase cuantías superiores a las establecidas". La investigación apunta a que, en esta operación, el abogado Diego Elum (socio de Corbín) cobró 2,2 millones de euros, de los cuales le transfirió el 66 %.
Otra de las empresas a las que la UCO ha acudido a recabar documentación es Construcciones Luján, relacionada con Acciona en el marco de este caso porque ambas concurrieron en UTE a una adjudicación de la empresa estatal Aguas del Júcar para la operación de trasvase. Además, ambas constaban en los apuntes del extesorero del PSPV Pepe Cataluña –uno de los investigados– que los agentes hallaron en su domicilio y en los que figuraban supuestos cobros pendientes de empresas.
Acuamed y un PAI (Plan de Actuación Integrada) en Xixona (Alicante) han sido otros de los registros, así como las oficinas de Facsa en la calle Mayor de Castelló.
