CASTELLÓ. Los cuatro chiringuitos de Castelló (Solé, Atlanta, Dharma y La Playa) abrirán sus puertas, presumiblemente, a partir del 16 de junio. Lo harán tras haber iniciado este viernes el montaje de sus infraestructuras, una vez el Ayuntamiento de Castelló les comunicó el día anterior la autorización del Servicio Provincial de Costas para ocupar el dominio público en los arenales del Pinar y El Gurugú.
La apertura oficial de los merenderos se producirá más hacia finales de la semana próxima no tanto por la duración de los trabajos como por la regularización de los permisos. En este sentido, el portavoz del gobierno municipal, José Luis López, asegura que para iniciar la actividad resulta preceptiva la inspección del ingeniero municipal, que verifica el cumplimiento de lo que establece el contrato en cuanto a materiales, ensamblajes y dimensiones. Esa visita del funcionario se produce a partir de la concesión de la declaración responsable, petición que hasta este viernes no había pasado por registro del consistorio. Algo, por otro lado, comprensible en vista de que la solicitud nunca se puede presentar antes del visto bueno de Costas a fin de acceder a las playas.
López confía en que los cuatro chiringuitos alarguen la temporada hasta el 30 de septiembre, como marca el pliego de prescripciones a propósito de la explotación. "No sabemos muy bien por qué cada año suelen desmontar a principios de mes, cuando tienen posibilidad de seguir unas semanas más", señala.
El pasado 20 de mayo, Costas aceptó la propuesta del Ayuntamiento de adelantar la fecha de apertura de los chiringuitos, que está regulada por el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral (Pativel). Tanto el Pinar como de El Gugurú figuran en el catálogo de playas de la Comunitat Valenciana como espacios protegidos por el chorlitejo patinegro. Esto significa que las actividades de ocio solo se permiten entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
Ante la posibilidad de que se repitiera el mismo conflicto de 2021, cuando los empresarios tuvieron que esperar hasta bien entrado el verano para abrir las puertas de sus establecimientos, el equipo del gobierno comenzó a negociar con las administraciones implicadas en febrero. En concreto, con el Ministerio para la Transición Ecológica y las Consellerias de Cambio Climático y Obras Públicas.
Después de reuniones a distintos niveles, a finales de marzo se atisbó una solución. Para conseguir "una excepción", compensando el impacto humano sobre el entorno natural, se pactaron dos condiciones: acreditar la ausencia de parejas de la diminuta ave y promover medidas correctoras. Ambas premisas se cumplieron, con lo que se avaló iniciar la explotación de los merenderos antes de lo previsto.