Pacto de rentas

Los Pactos de la Moncloa ocupan un lugar privilegiado en la memoria oficial de la Transición. Un acuerdo político para atajar una crisis económica marcada por una inflación rampante. Lo que ocurre es que con el tiempo se ha tendido a idealizar y a simplificar lo que fue un proceso enormemente tortuoso y con resultados desiguales. En aquel momento, con la amenaza de un golpe de Estado, los trabajadores aceptaron cargar con los costes de la inflación a través de la caída de los salarios reales y del aumento incesante del paro. La anomalía española de una tasa de desempleo que dobla la media europea tiene allí su origen. Con todo, también hubo algunas contraprestaciones en forma de modernización del sistema tributario español con el que financiar un Estado de Bienestar emergente apoyado sobre tres pilares: sanidad, educación y pensiones.

Hoy sus apócrifos vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de un pacto de rentas del mismo tipo para afrontar una situación que, si bien dista todavía de la gravedad que tuvo la crisis de los 70, no sabemos dónde nos acabará conduciendo. La misma idea de un pacto de rentas parte de una premisa fundamental: la inflación supone costes económicos muy relevantes que deben repartirse de un modo u otro. No es tanto una concepción keynesiana como kaleckiana.

En estos momentos tanto la FED como el BCE se encuentran inmersos en una política de subida de tipos de interés con la que se empieza a aplicar una política monetaria más restrictiva tras una década de políticas heterodoxas que han mantenido abierto el grifo de la liquidez. Sin embargo, el problema de la inflación no parte de ahí. Es a todas luces evidente que el origen del shock inflacionario que estamos viviendo proviene fundamentalmente del encarecimiento de los hidrocarburos y de diversas materias primas. Primero como consecuencia de los cuellos de botella en la recuperación postCovid y ahora como consecuencia de la invasión de Ucrania.

La subida de tipos no es por tanto una corrección de una política que estuviera produciendo efectos indeseados, es más bien una palanca para parar la inflación de costes generada en lado de la oferta desde el otro lado: la demanda. La subida de tipos impactará tanto en el consumo y en la inversión como, previsiblemente, en las finanzas públicas. El BCE ha tenido que anunciar que tomará medidas si se exacerba la subida de las primas de riesgo en la deuda de los estados del sur de Europa, algo que ya había empezado a producirse durante las últimas semanas.

La FED por su parte habla explícitamente de “confinar la demanda” y prioriza la lucha contra la inflación en tanto en cuanto la tasa de desempleo en Estados Unidos se encuentra en mínimos. Sin embargo, seguir el camino marcado por la FED tiene riesgos. El contexto europeo es distinto y profundamente asimétrico. En los países del sur como España, la recuperación del consumo tras la pandemia sigue siendo débil y la tasa de desempleo, aunque se va reduciendo cada vez más, todavía dista de converger con la media europea. De hecho, existe un riesgo nada desdeñable de que la subida de tipos dañe el crecimiento económico hasta el punto de provocar una recesión y que, para empeorar las cosas, ni con esas se logre doblegar la inflación.

Por cierto, en algún momento habrá que pararse a evaluar el impacto de las sanciones económicas contra Rusia para ver en qué medida han dañado a quien. De momento, parece claro que la dependencia del gas ruso es un problema de mayores dimensiones de lo que se reconoció en un primer momento y que desconectarse no va a ser una tarea ni fácil ni de corto plazo. Europa es vulnerable, e incluso asumiendo que las consecuencias económicas de las sanciones sean peores para Rusia, parece evidente que el régimen político que gobierna el país, precisamente por ser lo que es, puede aguantar semejante castigo sin tambalearse.

Todo ello añade importantes dificultades al Gobierno. La intervención del Estado está intentando atemperar las tensiones del conflicto distributivo que provoca la inflación pero ese margen se va a ir estrechando en la medida en que se encarezcan los intereses de la deuda pública. La actualización de las pensiones se pone en duda, los trabajadores ven cómo sus salarios reales caen y los costes de muchas empresas se incrementan por el encarecimiento de la energía y de las materias primas. Sin embargo, en esta situación, como casi siempre, hay ganadores y perdedores. Las corporaciones del oligopolio eléctrico están viendo crecer sus márgenes espectacularmente gracias a un sistema de regulación de precios perverso que retribuye el precio de la electricidad al coste de la energía más cara: el gas.

El tope al precio del gas propuesto por España y Portugal y recientemente autorizado por la Comisión Europea no ha tenido de momento los efectos deseados y el Gobierno ya reconoce que el impacto de la medida sobre la factura de la luz será inferior a lo inicialmente previsto. Suele ocurrir cuando se hacen las cosas a medias. Lo cierto es que van a ser necesarias medidas adicionales y en ese sentido, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha planteado ya la posibilidad de crear un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las eléctricas como el que ya existe en Italia y en Reino Unido. El último país en sumarse ha sido Bélgica.

En resumidas cuentas, todo apunta a un contexto económico con tensiones cada vez mayores inducidas por la inflación. Un pacto de rentas puede ser una buena política de contención de daños pero depende, como todo, de la letra que se le ponga a la música. No me cabe duda de que hay quienes van a pretender que los sectores populares se carguen de nuevo todo el peso a la espalda asumiendo una congelación de salarios, la subida de los precios, la aplicación de medidas contractivas sobre el gasto público y, además, con las consecuencias en términos de empleo de una desaceleración del crecimiento o incluso de una recesión. Si hablamos de un pacto de rentas deberemos hablar de poner coto de verdad a las eléctricas, de una reforma fiscal progresiva que amplíe el margen de acción del Gobierno ante la subida de tipos, de garantizar las pensiones y los servicios públicos o de cómo ir compensando la caída de los salarios reales.

Pero al final, si les soy completamente sincero, estoy convencido de que, por mucho que el Gobierno pueda llegar a plantear una propuesta firme sobre un pacto de rentas, ésta no llegará a ningún lado. El PP y VOX jamás participarán en algo así y harán todo lo posible para hacerlo descarrilar. Su política va en la dirección opuesta y no tienen más objetivo que derribar al Gobierno. Lo demás da igual.