CASTELLÓ. (EP) El 'president' de la Generalitat en funciones, Ximo Puig; y los secretarios generales de CCOO PV, Ana García; y UGT-PV, Ismael Sáez, han instado al Gobierno que salga de las urnas el 23 de julio a acometer urgentemente el cambio del modelo de financiación autonómica, de la mano de una profunda reforma fiscal.
Así lo han trasladado tras una reunión en la sede del PSPV a unos días del cambio del gobierno de la Generalitat, un encuentro en el que Puig ha agradecido la contribución de los sindicatos al diálogo social en los últimos ocho años.
Respecto a la financiación, Puig ha reiterado que la reforma es "absolutamente imprescindible" y ha destacado que está incluida en el programa electoral de Pedro Sánchez. Además, ha apostado por una reforma del modelo fiscal que garantice una distribución justa de los recursos.
"No se puede decir que habrá reforma de la financiación y, al mismo tiempo, que va a desaparecer la capacidad impositiva. No es verdad, no se puede faltar el respeto a los ciudadanos", ha recalcado, y ha advertido que "lo que quieren Carlos Mazón --futuro 'president'-- y Alberto Núñez Feijóo --líder del PP-- es "quitar impuestos a los ricos".
Por parte de los sindicatos, la secretaria de CCOO PV ha abogado por un nuevo modelo de financiación que vaya acompañado de una reforma fiscal "en profundidad". También ha llamado a "que nadie se quede en casa" el 23 de julio y vaya a votar por "opciones de progreso".
Sáez (UGT-PV) ha defendido que el "verdadero sentido patriótico" es el mantenimiento de la sanidad y la educación pública y de unos servicios sociales para "una vida digna". "Hoy están en entredicho", ha advertido, y ha prevenido contra la "trampa" de la polarización política.
Por otro lado, el dirigente sindical ha denunciado que el PP pretenda "cargarse la Ley de Costas", después de que Mazón dijera hace unos días que si el PP gana el 23J modificará esta norma que "tanto daño ha hecho a la Comunitat Valenciana".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral