CASTELLÓ. El Grupo Ortiz, adjudicatario de Borrull, deberá culminar la reforma tras la Magdalena de 2023 y en vísperas de la campaña electoral autonómica. Según recoge el pliego de prescripciones técnicas y administrativas, el plazo de ejecución de 22 meses comienza a contar desde la firma del acta de comprobación de replanteo, acto jurídico que se produjo este jueves y en el que la concesionaria acreditó la disponibilidad del inmueble.
Ese intervalo de casi dos años significa que la entrega de llaves, una vez finalizada la obra civil, tendrá lugar el 20 de marzo, justo un día después de acabar las fiestas mayores de Castelló, que se desarrollarán del 11 al 19 del mismo mes, coincidiendo además con las Fallas. Por esas fechas, los partidos políticos también estarán metidos en la vorágine plebiscitaria, teniendo en cuenta que en abril, primero, y mayo, a continuación, se convocarán los comicios regionales y municipales, respectivamente. Al menos, si se respeta el calendario, toda vez que las anteriores citas con las urnas se celebraron el 28A y el 26M de 2019.
Después de la firma del acta de replanteo, la concesionaria iniciará formalmente la restauración en los próximos días. El pasado 22 de abril, a instancias de Patrimonio, visitó el interior del inmueble para acometer unas acciones preliminares. Esas tareas consistieron en realizar mediciones in situ, así como en la determinación de los elementos de seguridad y en la programación de las actuaciones en vía pública. Estas últimas resultan esenciales al tratarse de un edificio que ocupa una manzana completa.
Los primeros trabajos sobre el terreno obedecerán a la demolición de parte de la estructura interior y forjados, que se llevarán a cabo en orden descendente. Una grúa-torre en la zona central de la construcción facilitará la eliminación de los elementos atirantados una vez suprimidas las tensiones que inciden sobre ellos.
Con una inversión de 14,5 millones de euros, asumida en su totalidad por la Generalitat Valenciana, la renovación de Borrull afectará a todas las alturas, desde el sótano y semisótano hasta la quinta planta. Al levantarse en el interior un gran patio, la superficie construida se verá ostensiblemente reducida al pasar de los actuales 12.455,30 metros cuadrados a los futuros 10.709,83 m2. El edificio se estructurará verticalmente en dos áreas muy definidas (zonas A y B), en las que se ubicarán los espacios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
La posibilidad de que el Ayuntamiento pueda disponer finalmente de algunos departamentos para trasladar sus servicios sociales, dependerá de las prioridades del Consell respecto al reparto y usos del inmueble. En este sentido, habrá que esperar a la conclusión de la reforma en 2023, como así aseguró el portavoz del gobierno municipal, José Luis López, el pasado 30 de abril. El también concejal de Urbanismo subrayó que ese tema se tratará más adelante con Hacienda, propietaria del bloque y entidad adjudicadora.
El presupuesto del proyecto asciende a 14,5 millones de euros, lo que supone una rebaja de 3,6 millones sobre la estimación inicial de 18,1 millones. De acuerdo con la financiación plurianual, para el presente curso se destinarán 2,6 millones de euros, cantidad que se elevará hasta los 10,2 millones en 2022. En el último ejercicio, el gasto ascenderá a 1,6 millones de euros. Como subraya el contrato, el pago del precio se efectuará mediante certificaciones mensuales proporcionales a la obra ejecutada en ese momento.