Castelló incluye el Grau y varios grupos periféricos dentro de la zona 'blindada' contra las gasolineras

CASTELLÓ. El PP y Vox, socios de gobierno en el Ayuntamiento, acorazan literalmente Castelló contra las gasolineras. Si bien ya se sabía del blindaje con un acuerdo plenario para suspender las licencias al menos durante dos años, ahora se ha conocido que la protección legal abarca casi la totalidad del término municipal. Solo se excluyen del ámbito delimitado los polígonos industriales del extrarradio y determinados barrios, especialmente aquellos ubicados en puntos de montaña.

La amplia extensión incluye el Grau, la zona calificada de uso universitario y los grupos San Agustín y San Marcos, Tombatossals y San Lorenzo. También engloba las rondas de circunvalación (norte, sur, este y oeste con su segunda fase), así como el cauce del Riu Sec o la carretera Ribesalbes. Asimismo, aparecen como custodiados los emplazamientos solicitados por la empresa Plenoil para abrir cuatro de sus cinco estaciones de servicio en la capital de la Plana, esto es, las avenidas Barcelona (ya abierta), Enrique Gimeno y Castell Vell y la carretera de Almassora.

Peticiones con anterioridad

Según explican a este diario fuentes municipales, la compañía esquiva la prohibición sobre la instalación de unidades de combustibles al haber iniciado los expedientes administrativos antes de la medida adoptada por el Ayuntamiento. Además, las peticiones se realizan en zonas consideradas no residenciales. De ahí que la compañía se haya salvado de la restricción, con la salvedad de la infraestructura proyectada en el barrio de Rafalafena, que no se construirá por los informes desfavorables de cuatro departamentos municipales.

Al margen de los grupos reseñados, destaca la superficie del distrito marítimo, que comprende mucho más que el casco urbano. En la relación de vías afectadas figuran el Camí La Plana, el Serradal, Ferrandis Salvador, las calles Francesc Aragó y De la Sardina y la carretera a Almassora. Se excluye la zona del puerto, pero siempre que se trate de posibles surtidores para el repostaje de embarcaciones.

Con la publicación del acuerdo en la web municipal, el bipartito se asegura que dispondrá de un plazo máximo de dos años para modificar el Plan General y especificar de manera concisa el veto a las gasolineras urbanas. El equipo de gobierno ha reiterado en varias ocasiones que el Plan de Ordenación Pormenorizad (POP), herramienta que entra al detalle sobre los usos de los suelos, genera cierta confusión en relación a la apertura de estaciones de servicio.

El PGOU de 2000 y el artículo 68 de la Lotup

Sin ir más lejos, el equipo de gobierno se apoya en el PGOU de 2000 para modificar el actual planteamiento urbano. Aquel marco legal, ideado por el PP y que el Tribunal Supremo tumbó en 2008, ya recogía un apartado concreto sobre la denegación de autorizaciones a gasolineras en áreas residenciales. Esa limitación sobre permisos se mantuvo durante la vigencia de las normas urbanísticas transitorias de urgencias hasta noviembre de 2022.

Para que el Ayuntamiento pueda rectificar el contenido del POP, deberá recibir el visto bueno de la Conselleria de Infraestructuras y Territorio, ya que en el dictamen municipal se hace referencia directa a la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup). En concreto, se plantea la suspensión de licencias durante dos años, sin que ello suponga un perjuicio para el desarrollo de unidades de ejecución. Así, se menciona al artículo 68 de la Lotup, cuyo apartado 5 indica que "[...] los programas de actuación ya aprobados y aún vigentes antes de la suspensión de licencias no se verán afectados, salvo que al acordarla se haga constar expresamente [...]".