Foto: R.SOLSONA/EPCASTELLÓ (EFE). La consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez, se ha reunido con el sector de justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) para "escuchar sus necesidades" y exponer algunas de las principales necesidades de los partidos judiciales y sus funcionarios como la renovación de las infraestructuras judiciales.
Según comunicado de la Conselleria y de CSIF, el sindicato le ha trasladado a la máxima responsable de la Conselleria de Justicia su petición para la equiparación del complemento específico autonómico a la media nacional, ya que la Comunitat Valenciana se halla en el penúltimo lugar de retribuciones.
También le han transmitido su petición de reversión de la provincialización de los juzgados de lo Penal y de la comarcalización de los de Violencia sobre la Mujer para que vuelva a haber en cada partido judicial.
CSIF le ha insistido en el retraso de la renovación de sedes judiciales y ha recordado el anuncio del anterior Consell en 2018 de un plan de mejora de infraestructuras llamado 'La nueva cara de la Justicia' y que contemplaba la creación de nuevas sedes judiciales en Orihuela, La Vila Joiosa, Torrent, Alzira, Llíria, Ontinyent, Gandia, Xàtiva, Alicante o Mislata en un plazo de tres años.
De este modo, han explicado que Conselleria de Justicia adelantó que, en ese momento, contaba con un presupuesto de 200 millones de euros para infraestructuras, pero, cinco años después, la situación no ha mejorado.
El sindicato apunta que la consellera les ha trasladado su decisión de averiguar por qué no se ha cumplido ese plan y el motivo de que se hayan producido situaciones como la de Torrent, donde la Conselleria firmó, hace escasas semanas y antes del cambio de gobierno, anular el convenio suscrito hace cinco años para la construcción de las nuevas dependencias.
La consellera ha afirmado que está convencida de que esta nueva etapa que se abre será "fructífera y positiva para avanzar en las materias que nos competen y conseguir la excelencia en la prestación de los servicios públicos que merece la ciudadanía y que solo se conseguirá mediante la colaboración entre la administración y los representantes de sus plantillas".
