CASTELLÓ (EP). El cambio climático que merma las cosechas, la "brutal" subida de los costes de producción agravada por la guerra de Ucrania, las importaciones de terceros países sin reciprocidad que "hunden los precios", la amenaza de plagas "importadas", la nueva PAC y una Ley de la Cadena Alimentaria "insuficiente para resolver el desequilibrio entre origen y destino" son algunos de los aspectos que han marcado 2022 y estarán también en el punto de mira del próximo 2023, según el balance del año elaborado por La Unió Llauradora i Ramadera .
La organización agraria ha hecho hincapié en que el sector agroalimentario representa el 9,6% de la economía de la Comunitat Valenciana y el 12% de los puestos de trabajo, pero "los productores valencianos siguen empobreciéndose ante el descenso de sus ingresos debido al incremento de los costes y de unos precios percibidos que siguen siendo bajos", ha lamentado la entidad en un comunicado.
Además, considera que las respuestas de las diferentes administraciones "no han sido las adecuadas ante todos esos problemas", de ahí las protestas realizadas por La Unió a lo largo del año en Madrid y València por "la supervivencia del campo valenciano" y para exigir "precios dignos y costes asumibles y una PAC para las personas agricultoras y ganaderas profesionales". "Si nuestros gobernantes no reaccionan, la organización augura nuevas movilizaciones para este 2023", ha advertido.
Las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania han provocado un aumento "más elevado si cabe de los costes de producción", con una subida media del 45%, y La Unió alerta de que la factura eléctrica "ha llegado a cuadriplicarse". En este sentido, la organización tiene interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Transición Ecológica "al no haber puesto en marcha el contrato eléctrico de doble tarifa para el regadío aprobado por Ley en 2020".
El sindicato agrario denuncia que la industria y gran distribución "ejercen implacablemente su posición de dominio en los mercados e imponen unos precios que no remuneran en absoluto el trabajo". Las ayudas públicas a los sectores ganaderos y cítricos, "a pesar de ser insuficientes, han contribuido a amortiguar un poco esa subida", pero "muchos otros sectores se han quedado fuera", entre ellas la uva de mesa, caqui, cereza o la apicultura.
La Unió también se ha referido al "fuerte impacto" del cambio climático en los cultivos, con un descenso en la mayor parte de producciones: en olivar ha habido una cosecha un 75% inferior y en cítricos ha habido un 8% menos que la pasada campaña y un 14% menos que la media de las últimas diez campañas.
También ha recordado los incendios forestales de este verano en Bejís, Vall d'Ebo, Calles y Venta del Moro. En ese sentido, ha pedido "mantener e incentivar la actividad agraria en las zonas rurales" para la prevención de incendios y ayudas para regenerar las explotaciones.
Igualmente, La Unió Llauradora ha puesto el foco en que las administraciones "no suelen compensar" las pérdidas que provocan los fenómenos meteorológicos y "lo fían todo al sistema de seguros agrarios que desgraciadamente el Gobierno sigue recortando". En ese sentido, ha afeado la "insensibilidad de ENESA y Agroseguro" que está "poniendo en peligro" el sistema público de seguros agrarios. No obstante, ha valorado positivamente la apuesta de la Conselleria de Agricultura por el seguro agrario con una línea presupuestaria de 28,5 millones de euros.
Salvo "algún pequeño avance" como el tratamiento de frío a las naranjas de terceros países donde esté la Thaumatotibia leucotreta, La Unió cree que continúa "la competencia desleal en la Unión Europea entre los productos europeos y los procedentes de países terceros". "Del acuerdo con Sudáfrica no se tienen noticias acerca de su revisión y no existe tampoco la certeza de que se vayan a considerar los cítricos como producto sensible a la hora de firmar los tratados comerciales", ha expuesto, antes de añadir que "cada vez hay más alertas sanitarias por presencia de plagas y más detección de sustancias activas cuyo uso está prohibido en el ámbito de la UE, pero no para terceros países". "No existe la reciprocidad deseable y hay que adoptar un compromiso de exigencia" y "extender el tratamiento de frío también a las mandarinas y pomelos", ha reivindicado la asociación agraria.
Por otro lado, ha aseverado que la Ley de mejora del funcionamiento de la Cadena Alimentaria "sigue sin ser útil para el eslabón de los productores" y "no está sirviendo para acabar con los desequilibrios de la cadena". A su juicio, "ni el Ministerio de Agricultura ni las interprofesionales han tenido ni la voluntad ni la capacidad de establecer un coste medio de producción para los productos y que sea un precio de referencia por debajo del cual no se pueda comprar ninguna producción agraria".
Como parte positiva, ha destacado la creación de la Avica y el incremento de la actividad inspectora por parte de la Aica estatal ante las denuncias justificadas de incumplimientos.
Asimismo, La Unió ha criticado la "insensibilidad política y las "reiteradas y desafortunadas" declaraciones de algunos miembros del Gobierno "contra el sector agrario": "Las mal llamadas macrogranjas y contra el consumo de carne o poniendo cada vez más cortapisas al regadío". La organización pide "reducir las trabas burocráticas para el sector ganadero y también por una política de expansión de plantas fotovoltaicas en zonas rurales de una forma ordenada y racional sin que pongan en peligro la actividad en zonas productivas agrícolas".
Además, ha reprochado que el "recorte" del trasvase Tajo-Segura es "una muestra clara de insensibilidad política" y teme que este asunto, y otros relacionados con el agua, "se conviertan de nuevo en arma arrojadiza electoral".
A pesar de todo ello, sí ha reconocido "algunos éxitos" en 2022 como la consecución de un vocal en la DO Cava por parte de la candidatura de Almendralejo y Requena y la aceptación de la denominación Cava de Requena, los avances en la pinyolà, la mejora de la partida de competitividad ganadera en los presupuestos de 2023 o la aprobación de las quemas agrícolas dentro de la Ley Valenciana de Economía Circular. En clave interna, ha destacado la celebración del XV Congreso de La Unió.
Entre los retos para el próximo año, ha indicado la entrada en vigor de la nueva reforma laboral y el nuevo sistema de cotización para autónomos según sus rendimientos netos; el reto de bajar costes de producción; el de "reconducir la actual Ley de la Cadena Alimentaria" y la entrada en vigor en enero del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), la nueva reforma 2023-2027 que "se prevé como la más complicada de la historia y la de mayores exigencias burocráticas".
También ha señalado que en el segundo semestre del año España ostentará la presidencia de la Unión Europea, "en lo que debería suponer una oportunidad para introducir en el discurso político europeo todos aquellos problemas y las soluciones para el sector agrario español y valenciano".
Además, ha pedido que en el año electoral "no se use al sector agrario como herramienta de confrontación política y que los programas electorales de los diferentes partidos contemplen propuestas en beneficio de las personas agricultoras".
Finalmente, ha deseado que se reduzcan los robos de cosechas, mayor relevo generacional, que las mujeres entren en la titularidad compartida de las explotaciones, que se rebajen los módulos fiscales agrarios del IRPF para compensar las pérdidas y que las administraciones impulsen "de forma decidida la modernización y digitalización del sector agrario".
