CASTELLÓ. La delicada situación de falta de liquidez por la que atraviesan las compañías azulejeras converge con la contracción de la demanda que está experimentando el sector cerámico de la provincia de Castellón. Un panorama límite que ha empujado a las patronales a pedir a la Administración agilidad en la concreción y tramitación de las ayudas para que los 'salvavidas' lleguen antes de que sea demasiado tarde para algunas empresas.
Así pues, a falta de que el Gobierno central empiece a concretar los términos y requisitos de las ayudas de casi 1.000 millones anunciadas a finales del año pasado por el presidente, Pedro Sánchez, las firmas castellonenses del sector negocian con la Generalitat Valenciana las líneas pendientes de ejecutar. Especialmente, la partida de 50 millones de euros que ha anunciado en repetidas ocasiones el president del Consell, Ximo Puig, dirigidos especialmente al azulejo y la cerámica con el propósito de hacer frente a la subida del coste de la energía en los últimos meses.
Los contactos son "constantes", según explican en el sector y en la Conselleria de Hacienda, que encabeza Arcadi España, para alumbrar estas ayudas que se articularán a través de un decreto que ha de aprobar el Gobierno autonómico. En él se fijará el marco legal para conceder las líneas de ayudas a las empresas. Y aunque se desconoce buena parte del mismo, todavía en fase de redacción y negociación, empiezan a esclarecerse algunos extremos.
El elemento clave es la cuantía. Sobre ello, Puig ha avanzado este miércoles en una visita a PortCastelló que se adjudicarán a razón de 5.000 euros por trabajador "para hacer ese tránsito a la normalización del sector en una situación de dificultad". Una fórmula que, según explican en la mencionada conselleria, es "progresiva" de manera que las compañías puedan acceder a las ayudas en función de su tamaño y capacidad. Ahora bien, ¿cuál será el límite por empresa de esta línea? Es uno de los interrogantes que todavía no está resuelto.
Lo que está claro es que será inferior a dos millones de euros. Este es el tope que marca ahora mismo la normativa española para las ayudas a empresas del mismo grupo después de que el Gobierno central modificara las condiciones en el decreto aprobado el pasado 27 de diciembre. En él, el Ejecutivo central dejó negro sobre blanco que el importe total de las ayudas que reciba un grupo empresarial "no podrá superar la cantidad máxima por beneficiario prevista" en el Marco Temporal acordado por la Comisión Europea. Esto es, los dos millones de euros, después de que así lo fijara Bruselas en octubre.
Así pues, según explican fuentes de la Conselleria de Hacienda, independientemente del límite que la tesorería pueda fijar para la línea autonómica de ayudas, si las compañías ya han accedido a otras líneas públicas de subvención (e incluso de financiación) por la guerra de Ucrania, en la nueva convocatoria del Consell a esos dos millones de euros habrá que restar lo ya percibido. El límite preciso, sin embargo, será uno de los aspectos que deberán concretarse en las próximas semanas.
En una visita a la ciudad de Castelló, el president de la Generalitat hizo público que convocará "en las próximas semanas" la Mesa de la Cerámica con tal de "cerrar el plan de ayudas directas que estamos negociando con las patronales". A ella, el Gobierno valenciano quiere llegar con el texto del decreto definitivo para presentarlo ante el sector, de manera previa a su aprobación por el Consell. La idea es que esto se produzca antes de que finalice febrero, ante la urgencia que han manifestado las patronales, de forma que las compañías puedan empezar a solicitarlas a finales de mes o en marzo.