Gabarda hará pública la rectificación que le exige la juez 9 meses después de ser condenada por injurias

CASTELLÓ. La diputada autonómica Cristina Gabarda publicará en su perfil de Facebook la rectificación que le exige la juez, Beatriz Sarrión, 9 meses después de ser condenada por injurias contra el presidente del PPCS, Miguel Barrachina. La sección Primera de la Audiencia Provincial ratificó el 24 de enero de 2020 la sentencia dictada por la magistrada con fecha 26 de abril de 2019 y que consideró a la parlamentaria de Ciudadanos culpable de divulgar un fotomontaje ofensivo en 2015. El 24 de febrero la propia togada dictó el auto de ejecución, otorgando a la penada un mes de plazo para cumplir el fallo, esto es, pagar tanto la multa (2.880 euros) como la indemnización (1.500 euros, más intereses legales), así como difundir el veredicto en las redes sociales.

La exportavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento de Castelló colgará la resolución judicial el 28 de septiembre, a partir de las 9.00 horas, según la providencia, desdiciéndose así de lo asegurado por ella misma a Castellón Plaza el 25 de mayo. Entonces, en plena pandemia, señaló haber puesto en su muro el escrito "a fin de limpiar el honor" del líder popular, algo de lo que ni el demandante ni su abogada tuvieron constancia.

Gabarda, en calidad de condenada, hizo efectivo el abono de las costas del proceso judicial este pasado lunes, de manera que con la publicación de la rectificación terminará de acatar la sentencia.

18 de diciembre de 2015

El origen del litigio se remonta al 18 de diciembre de 2015, cuando la también diputada provincial, además de concejala, publicó una representación en el que aparecía una imagen del presidente del PPCS tras las rejas de una prisión, vestido de recluso. La ilustración se acompañaba de varios textos, uno de los cuales, con letras rojas y en mayúscula, decía "Miguel Barrachina imputado por corrupción".

El líder provincial interpuso esa misma noche una denuncia ante la policía. Posteriormente, mediante un requerimiento notarial, instó a la dirigente de Cs a difundir una nota de prensa en la que reconociera las injurias, reclamación a la que no accedió. A partir de ese instante, se precipitó el proceso judicial.

Con el arranque del nuevo curso político, la parlamentaria castellonense se enfrenta a unos meses clave para su futuro. Ciudadanos celebrará antes de acabar el año el congreso regional para elegir un nuevo comité autonómico. Todo hace indicar que Toni Cantó se convertirá en el coordinador, impulsando una profunda renovación interna que afectará a las tres provincias de la Comunitat.

En este sentido, una de las primeras decisiones del Síndic será aclarar la situación de la diputada. Los estatutos de Cs, en varios articulados, recogen las medidas disciplinarias para los casos de cargos orgánicos o institucionales condenados. Las alternativas van desde solicitar la renuncia al acta hasta decretar el cese de funciones. Hasta ahora, la dirección naranja ha guardado silencio sobre lo que muchos consideran una patata caliente.