CASTELLÓ. No son pocos los proyectos de instalaciones para la obtención de energía renovable que se están desarrollando en el territorio valenciano, también en la provincia de Castellón. La Generalitat Valenciana y el Gobierno de España siguen con la tramitación de decenas de iniciativas de plantas fotovoltaicas y parques eólicos, por lo general de tamaño pequeño y mediano, pero con excepciones muy sonadas por su envergadura e impacto sobre el territorio. La controversia en el mundo rural está abonada.
La Generalitat Valenciana, encargada de tramitar los proyectos de menor tamaño hasta una potencia de 50 megavatios, ya ha otorgado la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable a 13 proyectos eólicos y fotovoltaicos para su implantación en Castellón con más de 310 MW de potencia total. Y aún tiene por resolver otros 31 proyectos en trámite por la administración valenciana. El Gobierno de España, por su parte, estudia las iniciativas de gran envergadura, y recientemente otorgó la DIA favorable con condiciones a la megaplanta solar Magda.
Así, la lucha por la descarbonización en el ámbito energético se encuentra obstáculos que no dejan de señalar entre las corrientes ecologistas. Y este macrohuerto solar -ocupará 472 hectáreas con más de 250.000 paneles- se ha convertido en el paradigma castellonense de esta suerte de dicotomía que, esta semana, tuvo su reflejo en el Senado, donde el Gobierno expuso la "solidaridad territorial" como justificación de la necesidad de albergar en determinados espacios grandes proyectos de renovables y las infraestructuras complementarias.
Allí, el senador de Compromís, Carles Mulet, preguntó acerca de la Magda y la tramitación ambiental para la línea eléctrica de Muy Alta Tensión entre La Plana y Morella al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán. El alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica consideró "objetivo suponer" que algunos territorios alberguen estas infraestructuras "en términos de solidaridad territorial" para establecer un "mecanismo de distribución de las responsabilidades de la generación energética".
Concretamente, Morán subrayó que la etapa donde predominó el consumo de combustibles fósiles supuso, especialmente en zonas con actividad de minería extractiva y con grandes centrales, que "determinados territorios de nuestro país adquiriesen el papel de suministradores de energía al resto con lo que eso supone". Es decir, que dichas zonas tuvieron que soportar las externalidades negativas como la "puesta a disposición del territorio, el medio ambiente y demás". Por lo que ahora, en "el camino que hay que recorrer" hacia la descarbonización, los diferentes territorios habrían de tener "un equilibrio de compensación a la hora de adquirir esos compromisos" en la generación, en palabras del secretario de Estado.
Una intervención que fue muy criticada por el senador de Compromís, quien cargó duramente contra Morán: "Hay que ser muy sinvergüenza para afirmar que, de nuevo, unos hemos de ser solidarios para que otros tengan la energía", aseveró Mulet, quien subrayó que quienes se encuentran en esta situación "siempre" son "los mismos", "bien sea en recursos económicos, energéticos o humanos". A su juicio, "es impensable para su visión que Madrid pueda albergar campos solares, eólicos o líneas MAT (de muy alta tensión); aquí, a pagar el de siempre".
En términos similares se pronunciaba recientemente el CEO de una empresa con proyectos renovables en Castellón, EnerHi, Antoni Llorens, quien explicaba que "solo" se podrá sustituir todo el consumo actual por renovables si se hace mediante macroplantas, y señalaba que la misma morfología del sistema de red eléctrico tal y como se había planteado obligaba a bajar la energía renovable "desde el interior con líneas eléctricas". Problema, el del impacto territorial de estas largas conexiones eléctricas, que podría amortiguarse con nuevas subestaciones.
En ese sentido, ejemplificaba esa escasez de lo que podría considerarse solidaridad territorial: "Si tu vives en Albocàsser, por poner un ejemplo, lo único que te interesa es el consumo domiciliario porque no tienes industria. « ¿Por qué tengo que aportar energía para una industria que yo no tengo?»".A juicio del empresario, la oposición social a macroplantas no viene tanto de vecinos ni de grupos ecologistas "tradicionales" sino de "plataformas bienintencionadas que no quieren inversiones en el territorio que cambien la forma de entenderlo como es ahora. «Me da igual paralizar el proceso de descarbonización porque yo parto de la idea de que eso no va conmigo porque no es mi problema». Pero es que sí que es tu problema", insistía el promotor. Con todo, lo cierto es que el lema que se repite desde el rechazo es "renovables sí, pero no así".
El mismo presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, fue contundente esta misma semana: "Lo tenemos claro, pedimos al Gobierno que paralice y no admita la Magda porque tiene unas proporciones desmesuradas y generará importantes afecciones en el territorio". Y sentenció: "Energías renovables sí, pero no así". El PSPV, al que pertenece Martí, se encuentra de algún modo entre la espada y la pared: el Gobierno de Pedro Sánchez da luz verde a la DIA de la Magda y aboga por la "solidaridad territorial" mientras los socialistas valencianos exhiben un rechazo rotundo al macroproyecto. En las filas socialistas castellonenses no se esconde cierto temor de cara a los futuros comicios.
PSPV y Compromís han llevado al pleno de la Diputación una nueva moción para insistir en la necesidad de paralizar la iniciativa fotovoltaica prevista en Coves de Vinromà, Benlloc y Cabanes, y cuya linea de alta tensión discurrirá por otros 7 municipios a lo largo de 52 kilómetros. El ambiente está caldeado: la presidenta del PP provincial, Marta Barrachina, ha exigido a la Diputación que ponga "todos los medios necesarios" para frenar la planta; el portavoz de Compromís en la corporación, Ignasi Garcia, criticó que "no es de recibo que el Gobierno central ignore los informes de la Generalitat Valenciana"; y mientras, asociaciones y vecinos han convocado una concentración el próximo 26 de febrero.
Las implantación de renovables en el interior de la provincia de Castellón se ha convertido, como en otros territorios de la geografía española, en una encrucijada con intereses entre la descarbonización y la protección del paisaje. La Magda es uno de los proyectos más controvertidos por su envergadura que transita entre la necesaria descarbonización del sistema energético y el cómo llevarla a cabo. A lo que se le suma un nuevo factor, el de la "solidaridad territorial".
